“En Estados Unidos se ha visto un gran cambio hacia las parejas sexuales no románticas. La gente sostiene relaciones sexuales mientras tiene citas casuales o incluso sin las citas”, aseguró Anthony Paik, autor del estudio y sociólogo del Colegio de artes y ciencias liberales de la Universidad de Iowa.

Según la encuesta hecha a 783 adultos heterosexuales de 18 a 60 años de edad:

17 por ciento de los hombres y 5 por ciento de las mujeres afirmaron haber estado con otra persona que no era su pareja en la relación.

17 por ciento de las mujeres y 8 por ciento de los hombres dijeron que habían sido fieles, pero sus parejas no.

12 por ciento de las mujeres y 10 por ciento de los hombres dijeron que habían sido fieles, pero sus parejas no.

Involucrarse sexualmente con un amigo aumentaba las probabilidades de no ser monógamo en 44 por ciento entre las mujeres y en 25 por ciento entre los hombres. La relación con un conocido o desconocido aumentó la probabilidad en 30 por ciento para las mujeres y en 43 por ciento para los hombres.

Los encuestados que se llevaban bien con los padres de la pareja eran menos propensos a tener parejas múltiples. Esto podría deberse a que las personas son menos propensas a arriesgar una relación cuando consideran el impacto sobre la familia, señaló Paik.

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LYNN, MA. El Concejo de la ciudad ha sido conminado a revisar una ordenanza aprobada el año pasado, en la que establecen los límites en los que pueden vivir los violadores sexuales que han sido condenados por ese delito, y el presidente del organismo mostró su preocupación diciendo que los tribunales están más empeñados en “proteger más a los delincuentes que a las víctimas”.

La solicitud al organismo colegiado ha sido hecha por los abogados de la ciudad, considerando que la forma en que fue aprobada esa ordenanza que establece los límites de residencia a los delincuentes sexuales podría no pasar la revisión, por lo que han decidido devolverla al hemiciclo cameral.

Ante el temor de una ordenanza que restringe que los delincuentes sexuales registrados pueden vivir, no puede pasar a revisión legal, los abogados de la ciudad han vuelto a la mesa de dibujo que volver a hacer la propuesta.
El Procurador de la ciudad, Michael Barry, declaró que la ordenanza requiere de una serie de modificaciones que deben hacerse, sobre todo en la parte en que establece un límite de mil 500 pies de distancia a que puede vivir un delincuente sexual de una escuela o un centro de cuidado infantil.

Entiende que el límite debe ser de mil pies, igual estima que la regulación debe ser diferente cuando el delincuente reside con una pareja, hijo, padre o hermano.

“Queremos asegurarnos de proteger a los ciudadanos, pero queremos asegurarnos que sea constitucional, porque de otra manera será totalmente ineficaz. Hemos adoptado un enfoque realista”, manifestó Barry.

El presidente del Concejo, Timothy Phelan, tras recibir la notificación de los abogados de la ciudad, declaró que quiere “más temprano que tarde” discutir con los concejales los cambios que requiere la ordenanza en cuestión.

“Estoy frustrado porque los tribunales están más interesados en proteger al delincuente que a la víctima. Vamos a tener que modificar algunas de las medidas. De nada sirve tener algo en los libros que no será cumplido”, precisó.

Esa misma ordenanza establece que los delincuentes sexuales condenados están obligados a registrarse con la Policía y actualizar sus direcciones cada vez que se muden. Por ley estatal a los delincuentes se les asigna el área en que pueden vivir, sobre todo a los que están en el nivel 3, una categoría que le hace peligroso y potencial candidato a la reincidencia.

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Tito Meza, del Proyecto Hondureño, Patricia Montes, de Centro Presente y Damaris López, directora de programas de la Agencia ALPHA.

BOSTON, MA. Activistas y organizaciones comunitarias de Massachusetts pusieron bajo cuestionamiento que el propuesto programa “Comunidades Seguras” que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) está pidiendo para Massachusetts tenga el propósito de limitarse a perseguir “criminales violentos”, y advirtieron que el mismo tendrá “efectos perjudiciales” entre los inmigrantes y busca desarrollar una “extrema vigilancia violadora de las libertades civiles”.

Sostienen que aunque debe reconocer el empeño de las autoridades federales en librar al país de “delincuentes peligrosos”, las estadísticas de los arrestos y deportaciones que se ha hecho a través de ese programa, confirman que el mismo está basado en un “perfil racial” que le convierte en una amenaza para las familias y la comunidad inmigrante en general.

Patricia Montes, directora ejecutiva de Centro Presente, Tito Meza, del Proyecto Hondureño y Damaris López, directora de programas de la Agencia ALPHA, dijeron a Siglo21 que el programa de la Migra no es confiable y que la excusa de que busca limpiar las calles de delincuentes, esconde el propósito de tener acceso a los antecedentes de todas las personas que por alguna razón sean arrestadas.

El programa “Comunidades Seguras” que promueve la ICE permitiría que toda persona detenida, no importan las circunstancias, sea objeto de una revisión de sus antecedentes mediante las huellas digitales, lo que implica que si no está fichada, inmediatamente se le abrirá un archivo con fotos incluidas.

Tito Meza aseguró que este programa, que desde 2006 se prueba como piloto en Boston y la ICE busca aplicarlo en todo el Estado, “es una extensión de la teoría de la seguridad nacional, y el mismo no sólo está dirigido a los inmigrantes, sino a toda la nación”.

Afirmó que a través de ese programa, la persona que sea detenida, no importa que sea inmigrante indocumentado o ciudadano, será sometida al mismo proceso y ya eso implica un atentado a las libertades civiles.

Indicó que como ya no existe la Unión Soviética, ni el McCarthismo, entonces se apela al recurso del terrorismo para en nombre de la seguridad nacional atentar contra las libertades civiles.

“El ataque no es únicamente contra los indocumentados y los inmigrantes, sino contra todos los ciudadanos de este país porque lo que se busca es someter a la nación a una vigilancia extrema”, terminó diciendo Meza.

Centro Presente

Patricia Montes coincidió con los demás activistas, al señalar que aunque ese programa supuestamente está dirigido a sacar del país a criminales, son muchos los indocumentados que sin haber cometido ningún delito han sido deportados.

Manifestó que por ello la organización que dirige se ha embarcado en una campaña dirigida a educar al público sobre los efectos perjudiciales de las políticas de arrastre de la ICE “en las familias inmigrantes y las comunidades en que viven”.

Asegura que más bien el programa se centra en facilitar el intercambio de datos entre el ICE, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y agencias locales de aplicación de la ley, y aunque el objetivo declarado es la deportación de “criminales violentos”, las propias estadísticas de la ICE muestran que de las 41,929 personas deportadas a través de este programa entre octubre de 2009 y agosto de 2010, más del 26% no tenía antecedentes penales.

“Si el programa tiene como objetivos a criminales violentos, pero el 26% de los arrestados y deportados no tiene vínculos criminales, el programa está mal diseñado o el objetivo declarado es una mentira”, afirmó Montes.

Agencia Alpha

De su lado, Damaris López declaró que aunque respeta a quienes promueven su aplicación con la excusa de proteger la nación, “definitivamente no creemos en el programa ‘Comunidades Seguras’ porque tiene perfil racial”.

Indicó que como bien se ha dado a conocer, en la aplicación del programa no siempre se toma en consideración si la persona ha cometido un delito, sino que cuando se trata de un indocumentado que no tiene antecedentes penales, se le deporta igual.

Adujo López que como existen esos antecedentes, la conclusión que se saca es que “por tener perfil racial, se incurre en la violación de los derechos civiles”.

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