LYNN, MA. El Concejo de la ciudad ha sido conminado a revisar una ordenanza aprobada el año pasado, en la que establecen los límites en los que pueden vivir los violadores sexuales que han sido condenados por ese delito, y el presidente del organismo mostró su preocupación diciendo que los tribunales están más empeñados en “proteger más a los delincuentes que a las víctimas”.

La solicitud al organismo colegiado ha sido hecha por los abogados de la ciudad, considerando que la forma en que fue aprobada esa ordenanza que establece los límites de residencia a los delincuentes sexuales podría no pasar la revisión, por lo que han decidido devolverla al hemiciclo cameral.

Ante el temor de una ordenanza que restringe que los delincuentes sexuales registrados pueden vivir, no puede pasar a revisión legal, los abogados de la ciudad han vuelto a la mesa de dibujo que volver a hacer la propuesta.
El Procurador de la ciudad, Michael Barry, declaró que la ordenanza requiere de una serie de modificaciones que deben hacerse, sobre todo en la parte en que establece un límite de mil 500 pies de distancia a que puede vivir un delincuente sexual de una escuela o un centro de cuidado infantil.

Entiende que el límite debe ser de mil pies, igual estima que la regulación debe ser diferente cuando el delincuente reside con una pareja, hijo, padre o hermano.

“Queremos asegurarnos de proteger a los ciudadanos, pero queremos asegurarnos que sea constitucional, porque de otra manera será totalmente ineficaz. Hemos adoptado un enfoque realista”, manifestó Barry.

El presidente del Concejo, Timothy Phelan, tras recibir la notificación de los abogados de la ciudad, declaró que quiere “más temprano que tarde” discutir con los concejales los cambios que requiere la ordenanza en cuestión.

“Estoy frustrado porque los tribunales están más interesados en proteger al delincuente que a la víctima. Vamos a tener que modificar algunas de las medidas. De nada sirve tener algo en los libros que no será cumplido”, precisó.

Esa misma ordenanza establece que los delincuentes sexuales condenados están obligados a registrarse con la Policía y actualizar sus direcciones cada vez que se muden. Por ley estatal a los delincuentes se les asigna el área en que pueden vivir, sobre todo a los que están en el nivel 3, una categoría que le hace peligroso y potencial candidato a la reincidencia.

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