Tito Meza, del Proyecto Hondureño, Patricia Montes, de Centro Presente y Damaris López, directora de programas de la Agencia ALPHA.

BOSTON, MA. Activistas y organizaciones comunitarias de Massachusetts pusieron bajo cuestionamiento que el propuesto programa “Comunidades Seguras” que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) está pidiendo para Massachusetts tenga el propósito de limitarse a perseguir “criminales violentos”, y advirtieron que el mismo tendrá “efectos perjudiciales” entre los inmigrantes y busca desarrollar una “extrema vigilancia violadora de las libertades civiles”.

Sostienen que aunque debe reconocer el empeño de las autoridades federales en librar al país de “delincuentes peligrosos”, las estadísticas de los arrestos y deportaciones que se ha hecho a través de ese programa, confirman que el mismo está basado en un “perfil racial” que le convierte en una amenaza para las familias y la comunidad inmigrante en general.

Patricia Montes, directora ejecutiva de Centro Presente, Tito Meza, del Proyecto Hondureño y Damaris López, directora de programas de la Agencia ALPHA, dijeron a Siglo21 que el programa de la Migra no es confiable y que la excusa de que busca limpiar las calles de delincuentes, esconde el propósito de tener acceso a los antecedentes de todas las personas que por alguna razón sean arrestadas.

El programa “Comunidades Seguras” que promueve la ICE permitiría que toda persona detenida, no importan las circunstancias, sea objeto de una revisión de sus antecedentes mediante las huellas digitales, lo que implica que si no está fichada, inmediatamente se le abrirá un archivo con fotos incluidas.

Tito Meza aseguró que este programa, que desde 2006 se prueba como piloto en Boston y la ICE busca aplicarlo en todo el Estado, “es una extensión de la teoría de la seguridad nacional, y el mismo no sólo está dirigido a los inmigrantes, sino a toda la nación”.

Afirmó que a través de ese programa, la persona que sea detenida, no importa que sea inmigrante indocumentado o ciudadano, será sometida al mismo proceso y ya eso implica un atentado a las libertades civiles.

Indicó que como ya no existe la Unión Soviética, ni el McCarthismo, entonces se apela al recurso del terrorismo para en nombre de la seguridad nacional atentar contra las libertades civiles.

“El ataque no es únicamente contra los indocumentados y los inmigrantes, sino contra todos los ciudadanos de este país porque lo que se busca es someter a la nación a una vigilancia extrema”, terminó diciendo Meza.

Centro Presente

Patricia Montes coincidió con los demás activistas, al señalar que aunque ese programa supuestamente está dirigido a sacar del país a criminales, son muchos los indocumentados que sin haber cometido ningún delito han sido deportados.

Manifestó que por ello la organización que dirige se ha embarcado en una campaña dirigida a educar al público sobre los efectos perjudiciales de las políticas de arrastre de la ICE “en las familias inmigrantes y las comunidades en que viven”.

Asegura que más bien el programa se centra en facilitar el intercambio de datos entre el ICE, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y agencias locales de aplicación de la ley, y aunque el objetivo declarado es la deportación de “criminales violentos”, las propias estadísticas de la ICE muestran que de las 41,929 personas deportadas a través de este programa entre octubre de 2009 y agosto de 2010, más del 26% no tenía antecedentes penales.

“Si el programa tiene como objetivos a criminales violentos, pero el 26% de los arrestados y deportados no tiene vínculos criminales, el programa está mal diseñado o el objetivo declarado es una mentira”, afirmó Montes.

Agencia Alpha

De su lado, Damaris López declaró que aunque respeta a quienes promueven su aplicación con la excusa de proteger la nación, “definitivamente no creemos en el programa ‘Comunidades Seguras’ porque tiene perfil racial”.

Indicó que como bien se ha dado a conocer, en la aplicación del programa no siempre se toma en consideración si la persona ha cometido un delito, sino que cuando se trata de un indocumentado que no tiene antecedentes penales, se le deporta igual.

Adujo López que como existen esos antecedentes, la conclusión que se saca es que “por tener perfil racial, se incurre en la violación de los derechos civiles”.

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