Después de Estados Unidos, Irlanda y Alemania, Roma, corazón de la cristiandad, se ve salpicada por un escándalo de abusos sexuales a menores con el juicio a un cura en el que jueces y parte civil no dudan en denunciar la actitud de la jerarquía eclesiástica.

En el banco de los acusados se encuentra Don Ruggero Conti, un cura de 56 años que ofició durante diez años en Selva Candida, en la periferia de Roma, hasta su arresto en junio de 2008.

Convocado en la barra de los testigos anoche, su obispo, Gino Reali, tuvo que explicar por qué no reaccionó cuando dos jóvenes varones vinieron a quejarse de abusos sexuales sufridos cuando eran adolescente por parte de Don Ruggero.

Una decena de periodistas y unos cincuenta parroquianos simpatizantes del cura siguieron la jornada en la pequeña sala de audiencia, la mayoría de pie, bajo la vigilancia de una decena de policías en uniforme.

Hasta ahora, “jamás nos habíamos preguntado ante un tribunal italiano sobre la responsabilidad moral y penal de un obispo”, señaló un abogado de la parte civil, Nino Marazzita, en una entrevista.

“Creo que este obispo es de cierta forma cómplice moralmente y jurídicamente”, estimó. El abogado de Don Ruggero, Gianfranco D’Onofrio, juzgó por su parte “difícil invocar la responsabilidad civil de una diócesis”.

Para Marazzita, “las responsabilidades se remontan más arriba”, porque el obispo ha reconocido haberse “reunido sobre este tema con alguien de la Congregación para la Doctrina de la Fe (encargada de cuestiones de disciplina) de forma informal”.

“Si ha transmitido informaciones, lógicamente, parte de su responsabilidad es transferida a la Santa Sede”, concluyó Marazzita.

Durante la audiencia, Reali trató de justificarse argumentando que al principio, “las afirmaciones (que acusaban a Don Ruggero) presentaban una gran falta de fiabilidad, no las he creído”.

Luego, frente a dos testimonios, el obispo de Porto-Santa Rufina puso en marcha un tribunal diocesano para tratar el caso, finalmente archivado cuando la presunta víctima, que “no quería que sus padres se enteraran”, no se presentó a la audiencia.

Pese a todo, el fiscal manifestó su sorpresa por la falta de acción por parte del obispo: “Excelencia, después de todo esto, ¿no se le ha ocurrido que otros menores podrían sufrir abusos?”, le preguntó.

“No he recibido otras informaciones hasta la detención de Don Ruggero”, respondió el obispo, que ha utilizado como argumento de defensa el peso de las actividades impuestas por su “muy grande” diócesis.

Un argumento que no convence al presidente de la asociación italiana de lucha contra la pedofilia La Caramella Buona, Roberto Mirabile, que quiere “abrir la caja de Pandora y obligar a la Santa Sede a verificar lo que pasó durante todos estos años en los que algunos obispos han cubierto a sus obispos”.

“Siempre hablamos de pedófilos en la Iglesia (católica) en el extranjero, pero la Iglesia se niega a abrir el problema de la pedofilia en la Iglesia en Italia: ese juicio permitirá hablar de ello”, indicó a la AFP.

Según Mirabile, “si logramos una condena en primera instancia, nos permitirá mandar al Papa y a la Congregación para la Doctrina de la Fe (de la que Benedicto XVI fue jefe durante 24 años antes de convertirse en Papa en 2005, ndlr) el mensaje siguiente: ¿por qué Don Ruggero fue protegido durante tanto tiempo?”.

La próxima audiencia del juicio tendrá lugar el 15 de junio.

siglo21.com