Unas 47.000 personas han sido removidas o deportadas de Estados Unidos después que el Departamento de Seguridad Nacional revisó tres millones de juegos de huellas dactilares tomadas de los registros carcelarios locales.

Aproximadamente una cuarta parte de los expulsados del país no tenían antecedentes delictivos, según datos del gobierno obtenidos por grupos defensores de los inmigrantes que interpusieron una demanda. Los grupos planeaban dar a conocer los datos el martes y suministraron copias a la Associated Press por adelantado.

Está en juego un programa que permite compartir las huellas dactilares, llamado Comunidades Seguras, que según el gobierno procura remover de Estados Unidos a los “peores de los peores” inmigrantes delincuentes.

Los defensores de los inmigrantes dicen que el gobierno en cambio gasta mucho tiempo en delincuentes de poca monta o en los no delincuentes.

Inmigración y Aduanas divide los delitos en tres categorías, empezando por los más graves de nivel 1. La mayoría de los deportados cometieron delitos de nivel 2 ó 3 o incluso no cometieron ninguno, revela un informe mensual de estadísticas de Comunidades Seguras.

Peter Markowitz, director de la Clínica de Justicia Inmigratoria en la Escuela de Derecho Benjamin N. Cardozo, en Nueva York, dijo que los departamentos locales de policía “gastan más tiempo y recursos facilitando la deportación de asistentes de camareros y jardineros que asesinos y violadores” en detrimento de las estrategias de políticas de las comunidades locales, “haciéndonos menos seguros a todos”.

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