Arresto domiciliario y millonaria fianza contra exministro de Zelaya
Enrique Flores, quien fue ministro de la Presidencia, enfrenta cargos por presuntos actos de corrupción durante su desempeño en esas funciones
El exministro Enrique Flores. EFE
TEGUCIGALPA.- Un juez hondureño dictó hoy arresto domiciliario y una fianza de 27 millones de lempiras (1,4 millones de dólares) contra Enrique Flores, quien fue ministro de la Presidencia del expresidente Manuel Zelaya, derrocado en 2009.
Flores enfrenta cargos por presuntos actos de corrupción durante su desempeño como ministro de la Presidencia, y según la resolución del juez Claudio Aguilar, en la primera de cuatro audiencias, el acusado deberá pagar la fianza en un plazo de 30 días.
El exministro llegó a los tribunales acompañado de su esposa, Marlina Dubón, exmagistrada del poder judicial y su abogado, Raúl Suazo.
En la primera audiencia, el juez dictó arresto domiciliario y una fianza por 14 millones de lempiras (740.000 dólares) por presunto mal manejo de 30 millones de lempiras (1,58 millones de dólares) del Fondo Hondureño de Inversión Social (FIHS).
En la segunda, el mismo juez ordenó una fianza de 13 millones de lempiras (unos 688.000 dólares) por el supuesto desvío de fondos del Estado para una campaña de publicidad a favor de una consulta popular que promovía Zelaya orientada a reformar la Constitución, lo que le costó el poder el 28 de junio de 2009.
Los fondos de la Casa Presidencial que habrían sido desviados suman 27 millones de lempiras (1,42 millones de dólares). Algunos de esos recursos habrían sido sacados en carretilla de las bóvedas del Banco Central de Honduras, según un vídeo hecho público en 2010 por la misma institución.
Una tercera audiencia no se celebró hoy porque la defensa del exministro Lanza recusó a la jueza asignada, Alejandra Ochoa, mientras que una cuarta se celebrará el próximo día 20, según dijo a periodistas un portavoz del poder judicial.
Tras salir de la segunda audiencia, Lanza indicó a los periodistas que el fallo en su contra es "un acto de sicariato judicial" y que se le están negando sus derechos al imponerle "una sanción anticipada" antes de poder defenderse.
Agregó que está "fuera de toda posibilidad" reunir el monto de la fianza dictada y se definió como un ciudadano "honesto". Según Flores, en su caso se ha violentado el Acuerdo de Cartagena que facilitó el regreso de Zelaya a su país, junto con varios de sus exministros, para que estos vinieran a rendir cuentas y ser escuchados en libertad.
Flores es uno de los exministros de Zelaya que fue favorecido este año con la suspensión de dos órdenes de captura por presunta corrupción.
El exministro también dijo que desde hace ocho años colabora con Zelaya y que es miembro de la comisión política del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), que coordina el expresidente y a través del cual exigen una Constituyente.
"Con este tipo de resolución lo que se quiere evitar es que nosotros podamos continuar desarrollando estas actividades", expresó Flores. El acusado regresó al país el 28 de mayo pasado, junto con Zelaya, tras casi dos años de exilio a raíz del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Según la Fiscalía contra la Corrupción, Flores, enfrenta juicios por malversación, abuso de autoridad y fraude.
Flores enfrenta cargos por presuntos actos de corrupción durante su desempeño como ministro de la Presidencia, y según la resolución del juez Claudio Aguilar, en la primera de cuatro audiencias, el acusado deberá pagar la fianza en un plazo de 30 días.
El exministro llegó a los tribunales acompañado de su esposa, Marlina Dubón, exmagistrada del poder judicial y su abogado, Raúl Suazo.
En la primera audiencia, el juez dictó arresto domiciliario y una fianza por 14 millones de lempiras (740.000 dólares) por presunto mal manejo de 30 millones de lempiras (1,58 millones de dólares) del Fondo Hondureño de Inversión Social (FIHS).
En la segunda, el mismo juez ordenó una fianza de 13 millones de lempiras (unos 688.000 dólares) por el supuesto desvío de fondos del Estado para una campaña de publicidad a favor de una consulta popular que promovía Zelaya orientada a reformar la Constitución, lo que le costó el poder el 28 de junio de 2009.
Los fondos de la Casa Presidencial que habrían sido desviados suman 27 millones de lempiras (1,42 millones de dólares). Algunos de esos recursos habrían sido sacados en carretilla de las bóvedas del Banco Central de Honduras, según un vídeo hecho público en 2010 por la misma institución.
Una tercera audiencia no se celebró hoy porque la defensa del exministro Lanza recusó a la jueza asignada, Alejandra Ochoa, mientras que una cuarta se celebrará el próximo día 20, según dijo a periodistas un portavoz del poder judicial.
Tras salir de la segunda audiencia, Lanza indicó a los periodistas que el fallo en su contra es "un acto de sicariato judicial" y que se le están negando sus derechos al imponerle "una sanción anticipada" antes de poder defenderse.
Agregó que está "fuera de toda posibilidad" reunir el monto de la fianza dictada y se definió como un ciudadano "honesto". Según Flores, en su caso se ha violentado el Acuerdo de Cartagena que facilitó el regreso de Zelaya a su país, junto con varios de sus exministros, para que estos vinieran a rendir cuentas y ser escuchados en libertad.
Flores es uno de los exministros de Zelaya que fue favorecido este año con la suspensión de dos órdenes de captura por presunta corrupción.
El exministro también dijo que desde hace ocho años colabora con Zelaya y que es miembro de la comisión política del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), que coordina el expresidente y a través del cual exigen una Constituyente.
"Con este tipo de resolución lo que se quiere evitar es que nosotros podamos continuar desarrollando estas actividades", expresó Flores. El acusado regresó al país el 28 de mayo pasado, junto con Zelaya, tras casi dos años de exilio a raíz del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Según la Fiscalía contra la Corrupción, Flores, enfrenta juicios por malversación, abuso de autoridad y fraude.
De EFE
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