Conep propone gravar retiro de efectivo
También sugiere aumentar del 25% al 26% el Impuesto Sobre la Renta a las personas jurídicas
Muchas personas preferían hacer retiro por caja para evitar el cobro por operación en cajeros.
SANTO DOMINGO. Establecer un impuesto selectivo al consumo de 1.5 por mil al retiro de efectivo en las oficinas bancarias, excluyendo el retiro de efectivo en los cajeros electrónicos, fue una alternativa presentada por el Consejo Nacional de la Empresa Privada a las propuestas fiscales que el gobierno sometió al Congreso Nacional.
Este gravamen sería desmontable gradualmente al 2013, hasta llevarlo a cero, refiriendo que a través de esta figura impositiva, que existe en otros países, se recaudarían aproximadamente RD$1,815 millones, lo que, según la entidad, lograría un efecto positivo en la economía.
Para los empresarios, esto desincentivaría las transacciones en efectivo, provocando una mayor transparencia y formalidad en los usuarios del sistema financiero y una reducción significativa de los costos que implica el manejo de efectivo en las instituciones bancarias.
También propusieron incrementar la tasa del impuesto sobre la Renta a las personas jurídicas de 25% al 26% desmontable gradualmente al 2013, alegando que con este incremento se generaría al Estado un monto adicional de RD$856 millones.
Propuso el empresariado aumentar de un 12% a un 14% el ahorro proyectado por el gobierno en sus gastos del 2011, lo que le representaría un ahorro de RD$2,850 millones. Además sugieren al gobierno implementar una mayor austeridad en la totalidad del gasto público, para obtener por dicha vía recursos suficientes para suplir el déficit fiscal.
El Conep plantea al Gobierno negociar con el Fondo Monetario Internacional un aumento del tope de déficit correspondiente al 2011 a cambio de que en vez del acuerdo finalizar en febrero de 2012, termine en diciembre de ese año, lo que a juicio del empresariado aseguraría el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, la continuidad de las ejecutorias del Estado y la racionalización del gasto.
Entienden que es necesario sustituir el impuesto del 10% a los dividendos con el cual se proyecta recaudar RD$2,825 millones, pues según explicaron, no permite compensar el ISR retenido a los accionistas sobre el ISR de las empresas: se merma la competitividad de las empresas y en algunos casos compromete seriamente su rentabilidad, a la vez que grava un mismo hecho generador con dos impuestos.
Reiteraron, además, que lo que se impone es una reforma integral, la cual debe reformar no solo la parte de los ingresos, sino también de los egresos públicos, así como eliminar distorsiones y fomentar la competitividad de nuestros sectores productivos.
industrias y empresas de haina
Flavio Rodríguez, presidente de la Asociación de Industrias y Empresas de Haina (AIE-Haina) advirtió que si se aprueba la modificación a la Ley 8-90 para gravar las ventas brutas de las zonas francas al mercado local, afectaría ese sector gravemente y se perderían más de dos mil empleos. Dijo que lo idóneo sería que al momento de someter algunas modificaciones a leyes que han permitido que los industriales operen y se desarrollen bajo su marco legal, ponderen sus consecuencias.
Favorecen el impuesto de 2% para las zonas francas
La Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) advirtió que la situación del país en materia económica es crítica, pero entiende que de alguna manera todos los sectores deben colaborar para que mejoren las recaudaciones fiscales.
En ese sentido, José Clase, presidente de Adozona, favoreció el 2% que se ha propuesto colocar las ventas que esas empresas hagan en el mercado local, aunque indicó que ese gravamen no debe ser mayor de ahí.
En tanto, Tommy Galán, presidente de la comisión Bicameral, precisó que con el impuesto a las ventas de las zonas francas se revolverán dos problemas, porque se eliminará el impuesto a la vivienda suntuaria y se recaudarán recursos que están estipulados en el Presupuesto de este año.
En la continuación de las consultas del proyecto de reforma tributaria, Fermín Acosta, de Asociación de Constructores de Viviendas (Acoprovi) expresó que si al Congreso Nacional se le ocurre aprobar el proyecto como fue sometido, las tasas de interés subirían en un 2%.
En tanto, Pedro Dipp, de la Asociación de Empresas Inmobiliarias, indicó que la situación del proyecto es preocupante, fruto de ello, miembros de la entidad han externado sus quejas porque gravará significativamente al sector.
Gerty Valerio, de la empresa de comunicaciones Claro, insistió que deben eliminarse los impuestos existentes establecido en el paquete fiscal sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, porque afectarán los consumidores.
Este gravamen sería desmontable gradualmente al 2013, hasta llevarlo a cero, refiriendo que a través de esta figura impositiva, que existe en otros países, se recaudarían aproximadamente RD$1,815 millones, lo que, según la entidad, lograría un efecto positivo en la economía.
Para los empresarios, esto desincentivaría las transacciones en efectivo, provocando una mayor transparencia y formalidad en los usuarios del sistema financiero y una reducción significativa de los costos que implica el manejo de efectivo en las instituciones bancarias.
También propusieron incrementar la tasa del impuesto sobre la Renta a las personas jurídicas de 25% al 26% desmontable gradualmente al 2013, alegando que con este incremento se generaría al Estado un monto adicional de RD$856 millones.
Propuso el empresariado aumentar de un 12% a un 14% el ahorro proyectado por el gobierno en sus gastos del 2011, lo que le representaría un ahorro de RD$2,850 millones. Además sugieren al gobierno implementar una mayor austeridad en la totalidad del gasto público, para obtener por dicha vía recursos suficientes para suplir el déficit fiscal.
El Conep plantea al Gobierno negociar con el Fondo Monetario Internacional un aumento del tope de déficit correspondiente al 2011 a cambio de que en vez del acuerdo finalizar en febrero de 2012, termine en diciembre de ese año, lo que a juicio del empresariado aseguraría el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, la continuidad de las ejecutorias del Estado y la racionalización del gasto.
Entienden que es necesario sustituir el impuesto del 10% a los dividendos con el cual se proyecta recaudar RD$2,825 millones, pues según explicaron, no permite compensar el ISR retenido a los accionistas sobre el ISR de las empresas: se merma la competitividad de las empresas y en algunos casos compromete seriamente su rentabilidad, a la vez que grava un mismo hecho generador con dos impuestos.
Reiteraron, además, que lo que se impone es una reforma integral, la cual debe reformar no solo la parte de los ingresos, sino también de los egresos públicos, así como eliminar distorsiones y fomentar la competitividad de nuestros sectores productivos.
industrias y empresas de haina
Flavio Rodríguez, presidente de la Asociación de Industrias y Empresas de Haina (AIE-Haina) advirtió que si se aprueba la modificación a la Ley 8-90 para gravar las ventas brutas de las zonas francas al mercado local, afectaría ese sector gravemente y se perderían más de dos mil empleos. Dijo que lo idóneo sería que al momento de someter algunas modificaciones a leyes que han permitido que los industriales operen y se desarrollen bajo su marco legal, ponderen sus consecuencias.
Favorecen el impuesto de 2% para las zonas francas
La Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) advirtió que la situación del país en materia económica es crítica, pero entiende que de alguna manera todos los sectores deben colaborar para que mejoren las recaudaciones fiscales.
En ese sentido, José Clase, presidente de Adozona, favoreció el 2% que se ha propuesto colocar las ventas que esas empresas hagan en el mercado local, aunque indicó que ese gravamen no debe ser mayor de ahí.
En tanto, Tommy Galán, presidente de la comisión Bicameral, precisó que con el impuesto a las ventas de las zonas francas se revolverán dos problemas, porque se eliminará el impuesto a la vivienda suntuaria y se recaudarán recursos que están estipulados en el Presupuesto de este año.
En la continuación de las consultas del proyecto de reforma tributaria, Fermín Acosta, de Asociación de Constructores de Viviendas (Acoprovi) expresó que si al Congreso Nacional se le ocurre aprobar el proyecto como fue sometido, las tasas de interés subirían en un 2%.
En tanto, Pedro Dipp, de la Asociación de Empresas Inmobiliarias, indicó que la situación del proyecto es preocupante, fruto de ello, miembros de la entidad han externado sus quejas porque gravará significativamente al sector.
Gerty Valerio, de la empresa de comunicaciones Claro, insistió que deben eliminarse los impuestos existentes establecido en el paquete fiscal sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, porque afectarán los consumidores.
De Socorro Arias redactora senior
de: diariolibre
