RD pide a CIDH que rechace instancia de varias ONG'S
Presentó una serie de argumentos para rechazar que utilice prácticas raciales
SANTO DOMINGO. República Dominicana solicitó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) declarar improcedente, mal fundado y carente de base legal, el planteamiento de organizaciones defensores de los derechos de los descendientes de migrantes haitianos, de que hay una política del Gobierno de privar de la nacionalidad a ciertos dominicanos.
Los embajadores ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Casa Blanca, Roberto Saladín y Aníbal de Castro, respectivamente, asistidos por el director general de Migración, José Ricardo Taveras y Mayerlyn Cordero Díaz, representante alterna ante la OEA, plantearon en la audiencia titulada "Respuesta judicial en casos de desnacionalización en la República Dominicana", que no existe una política de "desnacionalización", tal como lo plantean los solicitantes del proceso.
Al motorizar la posición del Estado dominicano, reafirmaron que tampoco existe una política de Estado discriminatoria contra personas que se encuentren en su territorio.
"Reafirmamos de manera enfática que estas audiencias son de carácter general y que su finalidad es 'conocer testimonios o informaciones sobre la situación de los derechos humanos en uno o más Estados o sobre asuntos de interés general', por lo que no están llamadas a conocer sobre casos individuales".
La delegación expresó la disposición del Estado dominicano de continuar avanzando en la tramitación y solución de estos temas de conformidad con las leyes y las normas vigentes en la materia.
En la audiencia, celebrada en la sede de la OEA, en Washington, sostuvo que en el contenido de la Resolución No. 12 y la Circular No. 17 de la Junta Central Electoral (JCE) no se hace referencia en momento alguno a criterios de índole racial para suspender las actas del estado civil. Tampoco se advierten esos criterios en la implementación de esas disposiciones.
"En esos documentos se establece únicamente un procedimiento para "suspender provisionalmente la expedición de actas del estado civil viciadas o instrumentadas de manera irregular".
Se refieren a la posición del Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas (Mudha) y otras organizaciones de la sociedad civil, que arguyen 417 casos de dominicanos en los que las oficialías del estado civil, amparadas en las referidas disposiciones, utilizaron criterios raciales para negar la expedición de documentos (cédulas, actas de nacimiento y copias de actos).
Los casos
La representación dominicana ante el organismo especificó que prueba de que el objetivo de esas disposiciones no obedece a las razones esgrimidas por los solicitantes, es que su aplicación ha servido para detectar serias irregularidades en las actas de nacimiento de varios deportistas talentosos que adulteraron documentos para ingresar con menor edad a los equipos de béisbol de las Grandes Ligas. Puntualizan que las autoridades han reiterado que la JCE sólo ha recibido un total de 120 casos, nunca 417 como se ha dicho. "De hecho, aportaremos a esta Comisión la comunicación del 22 de julio de 2011, donde la JCE solicitó a Mudha información sobre los 300 casos adicionales que alegan haber presentado".
Cónsules RD dicen violan derechos de criollos EE.UU.
Los demandantes protestan contra trato a los haitianos en RD.
SANTO DOMINGO. República Dominicana solicitó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) declarar improcedente, mal fundado y carente de base legal, el planteamiento de organizaciones defensores de los derechos de los descendientes de migrantes haitianos, de que hay una política del Gobierno de privar de la nacionalidad a ciertos dominicanos.
Los embajadores ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Casa Blanca, Roberto Saladín y Aníbal de Castro, respectivamente, asistidos por el director general de Migración, José Ricardo Taveras y Mayerlyn Cordero Díaz, representante alterna ante la OEA, plantearon en la audiencia titulada "Respuesta judicial en casos de desnacionalización en la República Dominicana", que no existe una política de "desnacionalización", tal como lo plantean los solicitantes del proceso.
Al motorizar la posición del Estado dominicano, reafirmaron que tampoco existe una política de Estado discriminatoria contra personas que se encuentren en su territorio.
"Reafirmamos de manera enfática que estas audiencias son de carácter general y que su finalidad es 'conocer testimonios o informaciones sobre la situación de los derechos humanos en uno o más Estados o sobre asuntos de interés general', por lo que no están llamadas a conocer sobre casos individuales".
La delegación expresó la disposición del Estado dominicano de continuar avanzando en la tramitación y solución de estos temas de conformidad con las leyes y las normas vigentes en la materia.
En la audiencia, celebrada en la sede de la OEA, en Washington, sostuvo que en el contenido de la Resolución No. 12 y la Circular No. 17 de la Junta Central Electoral (JCE) no se hace referencia en momento alguno a criterios de índole racial para suspender las actas del estado civil. Tampoco se advierten esos criterios en la implementación de esas disposiciones.
"En esos documentos se establece únicamente un procedimiento para "suspender provisionalmente la expedición de actas del estado civil viciadas o instrumentadas de manera irregular".
Se refieren a la posición del Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas (Mudha) y otras organizaciones de la sociedad civil, que arguyen 417 casos de dominicanos en los que las oficialías del estado civil, amparadas en las referidas disposiciones, utilizaron criterios raciales para negar la expedición de documentos (cédulas, actas de nacimiento y copias de actos).
Los casos
La representación dominicana ante el organismo especificó que prueba de que el objetivo de esas disposiciones no obedece a las razones esgrimidas por los solicitantes, es que su aplicación ha servido para detectar serias irregularidades en las actas de nacimiento de varios deportistas talentosos que adulteraron documentos para ingresar con menor edad a los equipos de béisbol de las Grandes Ligas. Puntualizan que las autoridades han reiterado que la JCE sólo ha recibido un total de 120 casos, nunca 417 como se ha dicho. "De hecho, aportaremos a esta Comisión la comunicación del 22 de julio de 2011, donde la JCE solicitó a Mudha información sobre los 300 casos adicionales que alegan haber presentado".
Cónsules RD dicen violan derechos de criollos EE.UU.
De Diario Libre
