(AP) - Uriel Carvajal sólo obtenía trabajos temporales y mal remunerados, y sostenía a una joven esposa y a un hijo de 2 años, con quienes vivía en una pequeña casa de concreto junto a una carretera de tierra. En esas condiciones, decidió buscar empleo en Estados Unidos, viajando en autobús desde el centro de México hacia el estado nororiental de Tamaulipas.
Al no recibir una llamada de Carvajal, sus dos hermanos fueron a buscarlo, también en autobús. Ahora, no se tiene noticia de ninguno de los hermanos —Uriel, de 21 años; René, de 28, y Cirilo, de 23_.
Casi un mes después de que Uriel salió de su casa, todo lo que sabe la familia Carvajal es que una credencial de identificación de René apareció en una de las 26 fosas comunes halladas en Tamaulipas, donde se han descubierto 145 cadáveres.
Las autoridades pidieron a la familia que lleve a Ariel, el hijo de Uriel, a las oficinas del gobierno estatal, a fin de tomarle una muestra de ADN.
El hecho de que la misma tragedia haya golpeado tres veces a una familia genera preguntas más amplias que las autoridades estatales y federales no han podido responder: ¿Cómo es posible que vuelvan a encontrarse cadáveres en un lugar ubicado a menos de 150 kilómetros (90 millas) de la frontera con Estados Unidos, el mismo en el que fueron masacrados 72 inmigrantes hace ocho meses?
Aquella fue en su momento la peor matanza de civiles inocentes en el marco de la guerra contra el narcotráfico, declarada por el gobierno en el 2006.
Y, ¿cómo pudieron ocurrir estas atrocidades cinco meses después de que las autoridades estatales y federales anunciaron enfáticas que emprenderían una ofensiva coordinada para recuperar Tamaulipas y quitarle el control a los cárteles narcotraficantes que se enfrentan entre sí?
"Esa es precisamente la pregunta que nos hacemos todos", dijo Fernando Batista Jiménez, investigador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, que investiga el caso en San Fernando, Tamaulipas. "Y más que preguntarnos por qué, lamentarnos que esto no es más que un reflejo de que las autoridades no han podido contener esta ola de violencia, sobre todo en algunos municipios, como este caso de Tamaulipas".
El presidente Felipe Calderón instó el martes a los mexicanos a decir "¡Ya basta!", y enfatizó que la indignación colectiva debe dirigirse a los criminales, no a las autoridades.
Pero parece borrosa la línea que divide a quienes vigilan el cumplimiento de la ley y a quienes la violan. El miércoles 16 agentes policiales en San Fernando, donde ocurrieron las dos matanzas, fueron detenidos por proteger supuestamente al cártel de Los Zetas, al que se atribuyen las dos masacres.
"¿Quién es quién?", preguntó el jueves la périodista Carmen Aristegui en su programa de radio.
No fueron respondidas las peticiones de The Associated Press para sostener una entrevista con el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré —vocero de Calderón en la materia_, ni con funcionarios de la Secretaría de Gobernación (ministerio del interior), la Defensa o la Procuraduría General de la República.
Pero las declaraciones públicas y privadas de algunas personas cercanas al caso señalan que Tamaulipas presenta una situación compleja, que ni siquiera las fuerzas federales pueden manejar. La desconfianza forjada durante generaciones hacia las autoridades complican los esfuerzos federales, y los vínculos entre autoridades locales y el crimen organizado se remontan a la era de la prohibición en Estados Unidos, cuando el estado fronterizo era una de las rutas predilectas para los traficantes de licor.
San Fernando es un vasto municipio de Tamaulipas y tiene casi 58.000 habitantes. Presenta incontables carreteras de tierra, por las que mucha gente encuentra fácil transportar productos y personas sin que nadie lo vea.
Como resultado, los 72 policías que hay en el municipio —36 por turno_, recorren en sus patrullajes menos del 5% del territorio, de acuerdo con el secretario de Gobierno de Tamaulipas, Morelos Canseco.
Tras la detención de 16 agentes a raíz de las nuevas matanzas, una fuerza policial ya escasa quedó diezmada en 20%.
En noviembre, el gobierno federal anunció que lanzaría una ofensiva de gran envergadura, la Operación Coordinada Noreste, para reforzar la autoridad en Tamaulipas y Nuevo León, dos estados particularmente afectados por la división entre el Cártel del Golfo y Los Zetas. Los funcionarios federales no dieron muchos detalles sobre la campaña al presentarla, pero dijeron que el gobierno enviaría "miles de unidades" de las fuerzas militares y de la policía federal.