Policías y activistas denuncian el programa federal Comunidades Seguras
 Chicago, 29 mar (EFE).- Legisladores, policías y activistas denunciaron el programa federal Comunidades Seguras y apoyaron una iniciativa de ley para que los condados de Illinois no colaboren en la deportación de indocumentados sin antecedentes criminales."Este programa ha clavado una cuña entre la comunidad y la policía", dijo en conferencia de prensa Joshua Hoyt, director ejecutivo de la Coalición de Illinois para los derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR). Junto a los alguaciles de 2 de los 26 condados de Illinois que participan desde 2009 en el programa, Hoyt afirmó que Comunidades Seguras no es la herramienta prometida a los cuerpos policiales locales para identificar criminales peligrosos y expulsarlos del país. "Suena como una conspiración del Departamento de Seguridad Nacional para solamente perseguir mexicanos (el origen de la mayoría de los indocumentados en Illinois) y destruir familias", agregó. Los activistas denunciaron una maniobra de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para imponer el programa en el condado Cook, el mayor del estado y donde se asienta Chicago. Para ello se basaron en un informe publicado recientemente por el New York Times, con documentos obtenidos mediante el Acta de Libertad de Información, según los cuales ICE utilizó "influencias políticas" para presionar al condado a violar leyes y políticas locales y participar en el programa. ICIRR dijo que ICE apelaba a "prácticas turbias" y pidió la remoción del director regional Ricardo Wong. El programa Comunidades Seguras permite que las huellas digitales tomadas por la policía a sospechosos detenidos sean enviadas a ICE para su comparación con sus archivos y los de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Según ICIRR, ello ha resultado en un 77 por ciento de detenidos en Illinois entregados a ICE sin que tuvieran antecedentes criminales. En los condados de Winnebago, Madison y St. Clair, todos los detenidos carecían de antecedentes y lo mismo ocurrió en el condado de Kane con el 82 por ciento de los detenidos, agrega. Según publicó este fin de semana el Chicago Tribune, en el condado McHenry que participa en el programa, agentes de la oficina del alguacil someterían sistemáticamente a latinos a prácticas de perfil racial y luego falsificarían las estadísticas para ocultarlo. "Al condado le pagan para encarcelar indocumentados y ahora tiene un incentivo económico perverso para cazar mexicanos", dijo Hoyt. Pat Pérez, alguacil del condado Kane, dijo que "los fines del programa se desvirtuaron, no es lo que nos vendieron y a diario somos testigos de injusticias". Por su parte, Mark Curran, alguacil del condado Lake, dijo que el "limbo" en que se encuentran los departamentos policiales hace que se cometan injusticias. "Es un tema de seguridad nacional saber quiénes son los indocumentados, pero para ello tenemos que tener antes una reforma migratoria", agregó. Los alguaciles Pérez y Curran apoyaron el proyecto de ley "Smart Enforcement", presentado en el Senado estatal para dar a los 102 condados de Illinois la opción de no participar en Comunidades Seguras, o de retirarse en cualquier momento si consideran que los fines no se cumplen. Asimismo, la ley daría transparencia a los costos que tiene el proyecto para los contribuyentes estatales y prohibiría que se utilicen fondos estatales para la deportación de indocumentados sin antecedentes criminales. "Los contribuyentes quieren que las agencias policiales brinden seguridad pública efectiva y gasten sus recursos de manera eficiente", dijo el representante estatal Daniel Burke (D-23). Según Hoyt, el gobernador Pat Quinn suspendió la expansión de Comunidades Seguras en Illinois. Dijo asimismo que el alguacil del condado Cook, Tom Dart, resolvió suspender los contactos con ICE para implantar el programa y el alcalde electo de Chicago, Rahm Emanuel, se comprometió a mantener la ordenanza que convirtió la ciudad en "santuario" donde la policía no pregunta el estatus migratorio a los extranjeros. |
