SANTO DOMINGO.-Bancos y asociaciones de ahorros y préstamos dicen que las exigencias del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro-Consumidor) para que esas entidades registren los contratos de adhesión en ese organismo no son válidos porque la ley no lo establece.

Acusaron, además, a Pro-Consumidor de socavar "con la credibilidad de las entidades de intermediación financiera y de la Superintendencia de Bancos" con sus declaraciones, que, aseguran, "incitan a la desconfianza e inseguridad jurídica de las instituciones que conforman el sistema financiero nacional".

En un documento enviado a Diariolibre.com, la Asociación de Bancos Comerciales (ABA), la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos (LIDAAPI) y la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD), esas instituciones aseguran que cumplen con lo que establece la ley de registrar los contratos de adhesión ante su regulador que, dicen, es la Junta Monetaria y la Superitendencia de Bancos, que creó el departamento Pro-Usuario, donde se registra el documento pactado entre ellos y sus clientes.

Aclaran que "la Constitución de la República, en su Artículo 223 dispone que la regulación del sistema monetario y financiero de la Nación corresponde a la Junta Monetaria como órgano superior del Banco Central." A su vez, la Ley Monetaria y Financiera establece en sus Artículos 52 y 53 la protección de los derechos a los usuarios de los servicios financieros.

A tenor de esta disposición, -continúan explicando- la Junta Monetaria emitió el Reglamento de Protección al Usuario de los Servicios Financieros en el año 2006; y en consecuencia, la Superintendencia de Bancos puso en vigencia los Instructivos correspondientes y creó el Departamento de Protección a los Usuarios de los Servicios Financieros, PRO-USUARIO, para registrar los contratos de adhesión y recibir las reclamaciones de los clientes bancarios".

Se quejan de que Pro-Consumodor ha acusado a las instituciones financieras de rebeldía ante la ley y ha afirmado que disposiciones de la Superintendencia de Bancos (SIB) son incumplidas, además de enviar una carta al Colegio de Abogados informándole que en conflictos y litigios los contratos de adhesión no registrados en Pro-Consumidor deben ser nulos.