SAN JOSÉ.- Costa Rica demandó hoy a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por los daños ambientales causados a un humedal fronterizo objeto de un litigio entre ambos países y en el que Managua mantiene presencia militar, informaron fuentes oficiales.

Fuentes diplomáticas señalaron a Efe que la demanda incluye una denuncia por violación a la soberanía, pues San José afirma que Nicaragua pretende construir, en su territorio, un canal de tres
kilómetros para desviar el cauce del fronterizo río San Juan y su desembocadura al mar Caribe.

El Gobierno de la presidenta Laura Chinchilla asegura que el dragado que Nicaragua realiza en el río San Juan y la construcción del canal han causado un daño ecológico grave a los humedales de la
Isla Calero, que forman parte de un Refugio de Vida Silvestre y que además están protegidos desde 1996 por la Convención Ramsar.

Costa Rica espera que la CIJ emita medidas cautelares contra Nicaragua para que detenga la tala de árboles en Calero, a pesar de que Managua asegura que ese territorio le pertenece.

San José denunció también a Nicaragua ante la Secretaría de la Convención Internacional Ramsar por los mismos hechos. El caso es ventilado, además, en la Organización de Estados Americanos (OEA), que hoy acordó convocar a una reunión de consulta de cancilleres para el 7 de diciembre con el fin de buscar una solución al conflicto.

El canciller costarricense, René Castro, tiene previsto referirse a la demanda ante la CIJ en una conferencia de prensa en las próximas horas. El litigio comenzó el 21 de octubre, cuando Costa Rica denunció que Nicaragua estaba vertiendo los sedimentos del dragado en su territorio en Isla Calero, acusación que Managua niega.

Posteriormente, San José protestó por lo que ha llamado una "invasión" de militares nicaragüenses en un sector de la isla, pero Nicaragua sostiene que sus tropas están en territorio de su soberanía en labores de combate al narcotráfico.

Ambos países han manifestado su disposición al diálogo bilateral, pero Costa Rica lo condiciona, de acuerdo con una resolución del Consejo Permanente de la OEA, al repliegue de los soldados nicaragüenses de la zona en disputa, petición que el Gobierno del presidente Daniel Ortega se niega a acatar.