BOSTON, MA. El controversial programa federal “Comunidades Seguras” que trata de implementar en Massachusetts la agencia de Inmigración y control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) sigue sin persuadir a muchos jefes de policías de pueblos y ciudades locales y a funcionarios estatales y dirigentes de organizaciones que no están del todo convencidos de los beneficios que el mismo pueda traer al Estado.

Funcionarios federales que tienen que ver con la seguridad nacional están poniendo todo el empeño en convencer a las autoridades de Massachusetts para que el Estado se una al mencionado programa que contempla la comprobación, mediante las huellas digitales, del estatus migratorio de toda persona detenida.

El programa ya existe en Boston desde 2006 y las estadísticas que se han dado a conocer no son del todo convincentes acerca de la fidelidad al compromiso de respetar a un inmigrante cuando se establece su condición de indocumentado, aún cuando no tenga ningún tipo de récord delictivo que lo pueda incriminar.

Además existe la preocupación de muchos jefes de policía de pueblos y ciudades, con altos índices de población de inmigrantes, de que la implementación del programa “Comunidades Seguras” eche por tierra el trabajo realizado llevando la confianza e integrar los vecindarios a la lucha contra el crimen que desarrollan sus agentes.

Además, los funcionarios estatales responsables de conocer las implicaciones del programa, al igual que los jefes de policías locales tratan de determinar el impacto que tendría en sus respectivas agencias de seguridad, y en el caso de la estatal, sino entra en conflicto con la restricción que le limita para hacer cumplir la ley de inmigración.

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