Cadáveres aún esperan mucho por un legista
La falta de recursos impide nombrar médicos 
Los cadáveres permanecen varias horas antes de ser levantados.
Santo Domingo. Cuando se creó el Instituto Nacional en Ciencias Forenses (Inacif) en el año 2004, se esperaba una agilización en el levantamiento de cadáveres en el país, pero seis años después, la tardanza es la norma. Todavía los familiares de personas que mueren en accidentes o víctimas de la violencia, deben sumar a su dolor, dos, tres y hasta cuatro horas en espera de un médico legista que certifique la muerte.
Como ocurría en el pasado, la causa es la misma: falta de legistas y de recursos. Actualmente, el país sólo tiene 70 médicos, nombrados para esta labor: 52 son legistas y 18 forenses. Ellos deben atender las necesidades de una población de 8.5 millones de habitantes, que por demás registra altos niveles de homicidios. Sólo el año pasado el Inacif certificó la muerte de 6,015 personas, tanto naturales como violentas.
En este último renglón sobresalen los homicidios con armas de fuego, según revela Ana Falette, subdirectora del Área Médica de la institución.
La carencia que tiene el país en este sentido es tal, que si se dividen los 48,442 kilómetros del territorio entre los 70 legistas, se ubica uno por cada 692 kilómetros. Pero la realidad es aún peor. Del total de legistas, ocho prestan servicios en el Distrito Nacional, seis en la provincia Santo Domingo, lugares con mayor demanda. Luego hay tres en Santiago, tres en San Francisco de Macorís e igual número en Higüey. En el resto de las provincias apenas hay uno, lo que significa que si en la capital tardan varias horas para levantar un cuerpo, en el interior el tiempo es mayor. En tanto, los forenses (que son los especialistas) únicamente se encuentran en las tres regionales, en la capital y Santo Domingo.
La funcionaria reconoce que lo ideal sería colocar un médico para cada municipio, y pone sus esperanzas en el 2011, cuando según la Ley 454-08 (que regula el Inacif), tendrán autonomía presupuestaria.
No hay dinero
Falette explica que las necesidades de personal y logística de la institución están identificadas, pero la falta de recursos les impide satisfacerlas.
En la actualidad, el presupuesto del Inacif (que depende de la Procuraduría General de la República desde su creación) está congelado, por lo que este año no se han nombrado médicos. A diferencia del pasado, cuando no había especialistas, Falette asegura que en el mercado hay personal suficiente para situar al país en el nivel de eficiencia, ya que cada año salen entre siete u ocho forenses de la especialidad que costea el Estado por medio del Instituto Nacional de Patología, pero "no hay con qué nombrarlos".
Un forense devenga al mes un sueldo bruto de RD$40,000, mientras un legista gana entre RD$11,000 y RD$17,000.
Pese a las limitaciones, la funcionaria asegura que aunque la población no lo perciba, "las cosas han mejorado bastante" desde que nació el Inacif. Apunta que "antes, por ejemplo, la ciudadanía no contaba con unidades de ambulancia para hacer el traslado de los cadáveres", y que ahora hay una en las tres regionales y cuatro en la sede.
El víacrucis de los legistas
Estigmatizados como los "llega tarde", los legistas se defienden, y en sus argumentaciones describen todas las precariedades que encuentran antes de entregar a un cadáver. Un legista (que casi siempre es un médico general con entrenamiento en la materia), hace a la semana un servicio de 24 horas corridas para levantar cadáveres y dos turnos en las Fiscalías, donde certifican los casos de lesiones personales.
Los mayores inconvenientes se dan en el turno de 24 horas. Y es que antes de que un legista llegue al lugar del hecho se deben dar una serie de pasos. Primero, la ciudadanía tiene que llamar a la Policía, específicamente al Departamento de Homicidios, que a su vez notifica al legista y al Fiscal. En teoría, los tres actores deben llegar juntos a la escena, pero generalmente no es así, porque no se encuentran en un mismo recinto.
Si quien está de turno es un forense, éstos se transportan en ambulancias del Inacif; pero si es un legista, debe esperar a que el personal de Homicidios de la Policía los transporte. Algunas veces se encuentran en puntos opuestos de la ciudad, y antes de ir por ellos, los de Homicidios atienden otras responsabilidades. "Ellos (los policías), además de levantar cadáveres, deben supervisar los heridos de los hospitales", explica una legista que pide resguardo de su nombre.
La profesional agrega que en ocasiones, los problemas son de logística. "A veces están los vehículos, pero no hay gasolina o hay que cambiar una goma... y no es culpa del médico legista ni del policía, sino de las circunstancias".
La doctora Falette está consciente de que "lo ideal sería que el equipo esté junto y salga al mismo tiempo, pero eso exige tener un local, o sea, otras series de gastos que no podemos asumir", indica, para nuevamente poner sobre el tapete la falta de dinero.
Soluciones
La funcionaria del Inacif entiende que además de nombrar más personal y adquirir nuevos equipos, para agilizar el proceso de levantamiento de cadáveres en el país se necesitaría integrar a los actores que participan en un solo espacio. Sería algo similar a la Unidad de Levantamiento de Cadáveres de Reacción Inmediata que existe en Colombia. Empero, para esto también se necesitarían recursos que no tienen. La esperanza es el 2011.
Como ocurría en el pasado, la causa es la misma: falta de legistas y de recursos. Actualmente, el país sólo tiene 70 médicos, nombrados para esta labor: 52 son legistas y 18 forenses. Ellos deben atender las necesidades de una población de 8.5 millones de habitantes, que por demás registra altos niveles de homicidios. Sólo el año pasado el Inacif certificó la muerte de 6,015 personas, tanto naturales como violentas.
En este último renglón sobresalen los homicidios con armas de fuego, según revela Ana Falette, subdirectora del Área Médica de la institución.
La carencia que tiene el país en este sentido es tal, que si se dividen los 48,442 kilómetros del territorio entre los 70 legistas, se ubica uno por cada 692 kilómetros. Pero la realidad es aún peor. Del total de legistas, ocho prestan servicios en el Distrito Nacional, seis en la provincia Santo Domingo, lugares con mayor demanda. Luego hay tres en Santiago, tres en San Francisco de Macorís e igual número en Higüey. En el resto de las provincias apenas hay uno, lo que significa que si en la capital tardan varias horas para levantar un cuerpo, en el interior el tiempo es mayor. En tanto, los forenses (que son los especialistas) únicamente se encuentran en las tres regionales, en la capital y Santo Domingo.
La funcionaria reconoce que lo ideal sería colocar un médico para cada municipio, y pone sus esperanzas en el 2011, cuando según la Ley 454-08 (que regula el Inacif), tendrán autonomía presupuestaria.
No hay dinero
Falette explica que las necesidades de personal y logística de la institución están identificadas, pero la falta de recursos les impide satisfacerlas.
En la actualidad, el presupuesto del Inacif (que depende de la Procuraduría General de la República desde su creación) está congelado, por lo que este año no se han nombrado médicos. A diferencia del pasado, cuando no había especialistas, Falette asegura que en el mercado hay personal suficiente para situar al país en el nivel de eficiencia, ya que cada año salen entre siete u ocho forenses de la especialidad que costea el Estado por medio del Instituto Nacional de Patología, pero "no hay con qué nombrarlos".
Un forense devenga al mes un sueldo bruto de RD$40,000, mientras un legista gana entre RD$11,000 y RD$17,000.
Pese a las limitaciones, la funcionaria asegura que aunque la población no lo perciba, "las cosas han mejorado bastante" desde que nació el Inacif. Apunta que "antes, por ejemplo, la ciudadanía no contaba con unidades de ambulancia para hacer el traslado de los cadáveres", y que ahora hay una en las tres regionales y cuatro en la sede.
El víacrucis de los legistas
Estigmatizados como los "llega tarde", los legistas se defienden, y en sus argumentaciones describen todas las precariedades que encuentran antes de entregar a un cadáver. Un legista (que casi siempre es un médico general con entrenamiento en la materia), hace a la semana un servicio de 24 horas corridas para levantar cadáveres y dos turnos en las Fiscalías, donde certifican los casos de lesiones personales.
Los mayores inconvenientes se dan en el turno de 24 horas. Y es que antes de que un legista llegue al lugar del hecho se deben dar una serie de pasos. Primero, la ciudadanía tiene que llamar a la Policía, específicamente al Departamento de Homicidios, que a su vez notifica al legista y al Fiscal. En teoría, los tres actores deben llegar juntos a la escena, pero generalmente no es así, porque no se encuentran en un mismo recinto.
Si quien está de turno es un forense, éstos se transportan en ambulancias del Inacif; pero si es un legista, debe esperar a que el personal de Homicidios de la Policía los transporte. Algunas veces se encuentran en puntos opuestos de la ciudad, y antes de ir por ellos, los de Homicidios atienden otras responsabilidades. "Ellos (los policías), además de levantar cadáveres, deben supervisar los heridos de los hospitales", explica una legista que pide resguardo de su nombre.
La profesional agrega que en ocasiones, los problemas son de logística. "A veces están los vehículos, pero no hay gasolina o hay que cambiar una goma... y no es culpa del médico legista ni del policía, sino de las circunstancias".
La doctora Falette está consciente de que "lo ideal sería que el equipo esté junto y salga al mismo tiempo, pero eso exige tener un local, o sea, otras series de gastos que no podemos asumir", indica, para nuevamente poner sobre el tapete la falta de dinero.
Soluciones
La funcionaria del Inacif entiende que además de nombrar más personal y adquirir nuevos equipos, para agilizar el proceso de levantamiento de cadáveres en el país se necesitaría integrar a los actores que participan en un solo espacio. Sería algo similar a la Unidad de Levantamiento de Cadáveres de Reacción Inmediata que existe en Colombia. Empero, para esto también se necesitarían recursos que no tienen. La esperanza es el 2011.
De Yvonny Alcántara
diariolibre.com
