El centro de detención ilegal y torturas que operaba en un ex taller mecánico conocido como Automotores Orletti, en la capital argentina, fue utilizado en 1976 como base de operaciones para fuerzas de inteligencia locales y extranjeras que participaban del plan coordinado de represión establecido por los gobiernos militares del Cono Sur.
Se estima que unos 200 secuestrados pasaron por el lugar, apodado por los militares "El jardín". La mayoría eran uruguayos, pero testigos también dieron cuenta de la presencia de chilenos, paraguayos, bolivianos y cubanos.
El juicio que lleva a cabo la Justicia argentina acusa a seis ex militares y agentes de inteligencia de ese país de haber privado de la libertad, torturado y asesinado a 65 personas.

Los imputados son los ex agentes de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) Honorio Martínez Ruiz y Eduardo Ruffo, y los ex militares Eduardo Cabanillas (ex general del Ejército), Rubén Visuara (ex coronel del Ejército) y Raúl Guglielminetti (ex agente civil de inteligencia del Ejército).
Guglielminetti, también conocido bajo el alias "Mayor Gustavino", cobró fama por haber sido, tras el regreso a la democracia, uno de los custodios del presidente Raúl Alfonsín (1983-1989) y, posteriormente, por haber integrado una conocida banda de secuestradores.
Un sexto imputado, el ex vicecomodoro de la Fuerza Aérea, Néstor Guillamondegui, "fue declarado inhábil para afrontar el juicio" según lo determinaron los peritos oficiales que lo revisaron.

Víctimas

Algunas de las víctimas de Automotores Orletti también cobraron notoriedad, como Marcelo Gelman, hijo del poeta y periodista argentino Juan Gelman, cuyos restos fueron hallados en 1989 dentro de tambores hundidos en el Río Luján.
También fueron llevados a ese centro de detención dos funcionarios de la Embajada de Cuba, Jesús Cejas Arias y Crescencio Galañega, quienes permanecen desaparecidos.
Además de los seis presuntos represores argentinos que están procesados con prisión preventiva, en el caso también están imputados ocho militares uruguayos, que tienen orden de extradición por parte de la Justicia argentina.
Sin embargo, las autoridades uruguayas informaron que sólo permitirán que los acusados sean juzgados en Buenos Aires una vez que hayan cumplido las condenas que les impuso la Justicia en su propio país.

Plan Cóndor

La investigadora Lorena Balardini, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), uno de los querellantes en la causa, dijo a BBC Mundo que es el primer juicio que se lleva a cabo en el país en relación al Plan Cóndor.
Según la experta, el centro de detención de Automotores Orletti fue "neurálgico" para esa operación conjunta de los regímenes militares. Pero además, Balardini destacó que esa base es una de las pocas en las que se pudo comprobar la acción coordinada de los militares de Argentina y Uruguay.

El caso Automotores Orletti forma parte de la "megacausa" que investiga los crímenes cometidos en la jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército, bajo cuya órbita funcionaba el centro de detención.
Sin embargo Balardini informó que a fin de año, cuando concluya el caso, el mismo Tribunal Oral será el encargado de juzgar la llamada causa "Plan Cóndor", que acusará a los más altos rangos militares –incluyendo al ex presidente de facto Jorge Rafael Videla (1976-1981)- por su participación en la operación de represión coordinada.