SANTO DOMINGO. Instituciones que trabajan por la defensa del medio ambiente rechazaron ayer la decisión de la Suprema Corte de Justicia que otorga a particulares el derecho de propiedad de 3.4 millones de metros cuadrados en el municipio Higüey, reinvidicados por el Estado dominicano como parte del Parque Nacional del Este.

Mientras que el Abogado del Estado por ante el Tribunal Superior de Tierras, Fermín Casilla Minaya, espera que la SCJ se pronuncia sobre un recurso de casación que interpuso en contra de la decisión, que aseguró todavía está pendiente.

"Es una noticia horrible. Es un golpe muy fuerte y despiadado al sistema nacional de áreas protegidas", manifestó Ivonne Arias, de la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas.

En desacuerdo también se pronunció César Rodríguez, director ejecutivo del Consorcio Ambiental Dominicano. "La nueva Constitución dice que las áreas protegidas no pueden ser reducidas y esos límites que dan al Parque del Este están en una ley y, por lo tanto, ahí hay un conflicto, las áreas protegidas no pueden ser reducidas ", dijo Rodríguez.

Los dos ambientalistas anunciaron que sus instituciones no se quedarán de brazos cruzados ante la decisión judicial, y adelantaron su apoyo al Ministerio de Medio Ambiente en cualquier acción que encamine en defensa de esa área protegida.

"Esa decisión hay que echarla para atrás y vamos a ver cuáles son los mecanismos legales, y ya el Ministerio de Medio Ambiente está en pie de lucha y nos sumaremos a ellos", señaló Arias.

La también miembro del Grupo Jaragua, llamó al movimiento ambiental dominicano a sumarse al rescate del Parque Nacional del Este.

De su lado, el Consorcio Ambiental anunció que emitirá una opinión pública sobra la situación y que promoverán el debate.

Entre los beneficiados con la decisión de la Suprema figura Carlos Sánchez Hernández, implicado en un presunto fraude contra la Agencia Tributaria de España por 4.8 millones de Euros.

Ayer, el Ministerio de Medio Ambiente, a través de su director de Comunicaciones, Mayo Rodríguez, informó que evalúa la situación para diseñar un plan de acción para evitar que se tome posesión del área.

Hace dos años, el ministro de Medio Ambiente, Jaime David Fernández, advirtió que nadie que adquiriera terrenos en los límites del Parque Nacional del Este podrá tomar posesión de ellos. La afirmación fue nuevamente ratificada por Rodríguez ante esta eventualidad.

El Estado

El abogado del Estado por ante el Tribunal Superior de Tierras, Fermín Casilla Minaya, observó que la Suprema Corte de Justicia rechazó un recurso en contra de la decisión que favorece a Daniel Antonio Minaya Rodríguez, a las compañías de inversiones Trubia S.A., y la Técnicas Eléctricas y Desarrollo Integral, "sin conocer el recurso interpuesto por el Abogado del Estado".

Casilla dijo que interpuso un recurso de casación por la vía principal, el cual fue dictaminado por la Procuraduría General de la República y espera fijación de audiencia. "Todavía los derechos del Estado y la reclamación del Estado, como propietario originario de dicha parcela, están vigentes, no han desaparecido", recalcó.

El funcionario comenta que todavía el Estado alberga la esperanza de que la SCJ decidirá conforme con la Constitución y la Ley Sectorial sobre Áreas Protegidas (la 202-04).

Ratifica que los terrenos que pertenecen a áreas protegidas son inembargables e imprescriptibles por mandato expreso de la ley y son intransferibles, "lo que indica que no se les pueden adjudicar a nadie".