Para Leslie Cocche, la mañana del 12 de marzo comenzó normalmente. Desde temprano había llegado a la estación en Fort Lauderdale para esperar el Tri-Rail con destino a Miami, donde va a clases en el Miami Dade College.

De pronto todo cambió cuando un agente de la Patrulla Fronteriza se le acercó y comenzó a interrogarla, descubriendo al final que la estudiante peruana de 18 años estaba ilegalmente en el país. Cocche fue arrestada, esposada y se le inició un proceso de deportación.

La detención de Cocche, junto con muchos otros recientes arrestos de inmigrantes indocumentados en el sur de la Florida y el resto del país han puesto en tela de juicio la nueva estrategia del Departamento de Seguridad Interior y la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE).

En contraste con la controversial ley estatal de Arizona que le permite a los agentes de policía pedirle documentos de inmigración a los individuos que detengan en actividades sosospechosas, a los agentes federales de inmigración se les permite exigir documentos a cualquier extranjero.

Después que el presidente Barack Obama asumió el cargo, el Departamento de Seguridad Interior dijo que en adelante la prioridad sería la deportación de extranjeros con antecedentes penales. El cambio inicialmente dio esperanzas a activistas de inmigración, que lo vieron como preludio a la legalización de los 10.8 millones de inmigrantes indocumentados.

Pero ahora el Departamento de Seguridad Interior es objeto de amplias críticas por parte de activistas desilusionados que piensan que el gobierno de Obama no ha sido sincero y que se detiene y deporta a indocumentados, tengan o no antecedentes penales.

"La situación no ha cambiado'', dijo David Leopold, presidente electo de la Asociación de Abogados de Inmigración de Estados Unidos, que asume el cargo el primero de julio. "Es una falla que en el terreno las autoridades migratorias no pongan en práctica las prioridades de la administración''.

Pero funcionarios del ICE, la entidad del Departamento de Seguridad Interna a cargo de las deportaciones, dicen que los críticos están equivocados.

Reconocen que siguen deteniendo y deportando a infractores de las leyes de inmigración que no tienen antecedentes penales, pero insisten en que estos arrestos son ahora de menor prioridad.

Asimismo, cifras que el ICE dio a conocer la semana pasada indican una tendencia a la baja en los últimos 18 meses en la cantidad de deportaciones de extranjeros sin antecedentes penales.

Cifras del primero de octubre del 2009 al 7 de junio de este año muestran que las cifras de deportación de extranjeros, con o sin antecedentes penales, están casi parejas en un poco más de 113,000 cada categoría. Sin embargo, el número de deportaciones de indocumentados sin antecedentes penales excede al de extranjeros delincuentes como en años anteriores, aunque solamente por 257 personas.

Esto representa un cambio en comparación con los últimos dos años fiscales, cuando la deportación de extranjeros sin antecedentes penales por lo general sobrepasaba la de delincuentes en más de 100,000 personas.

Sin embargo, activistas que defienden los derechos de los inmigrantes se mostraron escépticos en cuanto a las cifras entregadas por el ICE y su análisis de que representan una tendencia de cambio en la estrategia de deportaciones.

"Desafortunadamente, el ICE tiene un historial de jugar a la ligera con las estadísticas," dijo Little. "La definición de delincuente del ICE incluye a personas halladas culpa bles de infracciones menores, como conducir con la licencia vencida y entrar ilegalmente al país. El ICE incluso ha clasificado como delincuentes a personas que no han sido halladas culpables de ningún delito. Estos casos son los más fáciles y ofrecen más seguridad a la población, pero contribuyen a elevar las cifras del ICE de deportación de delincuentes''.