QUITO (AFP) - La Policía de Ecuador desalojó en medio de disturbios a miles de indígenas y campesinos que el martes sitiaron la sede del Congreso en Quito, que debate un proyecto oficial de ley sobre agua que es rechazado por los nativos, que consideran que pretende privatizar ese recurso.

Los choques, que dejaron algunos contusos, se desataron a raíz de que la Asamblea suspendiera hasta el jueves las deliberaciones en momentos en que los manifestantes rodeaban al Legislativo -en el centro moderno- e impedían la salida de los diputados, según observaron periodistas de la AFP en el lugar.

Los aborígenes de comunidades andinas, muchos de ellos armados con palos, se instalaron en los alrededores de la Asamblea Nacional el martes, cuando los parlamentarios iniciaron el segundo y definitivo debate del proyecto de ley sobre Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua.

Apoyados de dispositivos antimotines, los uniformados dispersaron a los nativos con bombas de gas lacrimógeno, ante lo que la muchedumbre respondió atacando con palos.

"La decisión de la gente es no dejar salir a nadie. El recinto legislativo está rodeado", declaró a la AFP el líder indígena Ricardo Ulcuango.

Sin embargo, la acción policial obligó a los manifestantes a replegarse hacia un parque vecino con la amenaza de "volver".

"¡Esta historia continuará compañeros!", exclamó un aborigen a los uniformados, que inmediatamente montaron un escudo frente a la Asamblea, controlada por el oficialismo de izquierda.

"Existe la mejor buena voluntad de los bloques (legislativos) para que esta ley sea una de las mejores en beneficio de todos los ciudadanos", dijo el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, quien convocó a los congresistas para retomar las deliberaciones este jueves.

El funcionario hizo un llamado a la "cordura" a aborígenes y campesinos que sitiaron al Parlamento para exigir que sus demandas sean incluidas en el proyecto de ley para regular el uso del agua.

"No han aprobado la ley privatizadora", dijo a su vez Ulcuango, quien señaló que "no se han incluido las propuestas del sector indígena" y apuntó que aborígenes del interior se están movilizando hacia Quito para lograr que "nuestros pedidos sean aceptados y nos garanticen el acceso al agua".

Los indígenas plantean al Congreso que en el segundo y definitivo debate sobre la iniciativa se incorpore la creación de una autoridad colegiada para normar el uso del líquido, un "mínimo vital gratis" y un fondo para conservar los páramos.

Durante la jornada, un grupo de nativos encabezado por los presidentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Marlon Santi, y de la Ecuarunari (de la sierra andina), Delfín Tenesaca, ingresó al Congreso para dialogar con los asambleístas.

En el hemiciclo, Tenesaca declaró: "Estamos aquí (como) guardianes del agua porque es vida y no está redistribuida como se debe. La ley no nos garantiza si habrá una redistribución".

Comunidades indígenas también protestaron en la provincia andina de Azuay (sur), donde cinco dirigentes fueron arrestados, informó por su parte la agencia pública Andes.

La Conaie -que dice representar a 35% de la población ecuatoriana (de 14,2 millones)- convocó en febrero a un levantamiento que aún está pendiente en rechazo al proyecto hídrico y la explotación minera a cielo abierto y de crudo en sus comunidades.

El movimiento indígena participó en el derrocamiento de los entonces presidentes Abdalá Bucaram (febrero de 1997) y Jamil Mahuad (enero de 2000) en el marco de la década de mayor inestabilidad política de Ecuador desde su retorno a la democracia en 1979.

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