Algo que podría pasar por un cambio de manos del que es, también, uno de los más importantes conglomerados privados del país.
Otros, en cambio, lo ven como un intento por parte del gobierno de distraer la atención de una coyuntura económica negativa, de la que no quiere aparecer responsable.

La semana pasada, el Banco Central de Venezuela informó que el Producto Interno Bruto (PIB) retrocedió una vez más (por cuarto trimestre consecutivo) a razón de 5,8%. La inflación mensual para abril se ubicó en 5,2%, mientras que una combinación de elementos está generando el desabastecimiento de algunos alimentos.
Sea como fuere, durante los dos últimos años el gobierno ha ganado terreno en materia de producción y distribución de alimentos.
Según el economista Ángel Alayón, asesor de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, el Estado controla actualmente el 75% de la producción de café, el 42% de la harina de maíz precocida, el 40% del arroz, el 25% del aceite, el 52% del azúcar y el 25% de la leche.
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Soberanía alimentaria

Esto ha sido posible, en parte, gracias a una política de expropiaciones, que entre 2005 y 2009 sumaron 762, según cifras proporcionadas esta semana por el Observatorio de Derechos de Propiedad, un proyecto auspiciado por la asociación civil Liderazgo y Visión.
La mexicana Monaca es la más reciente en el ramo de los alimentos, pero la cifra incluye todo tipo de sectores, desde la hotelería y el turismo hasta las cementeras y las empresas de telecomunicaciones.
El Plan Socialista 2007-2013, que recoge los objetivos para el período, le ha dado la siguiente justificación a todas ellas: "El estado conservará el control total de las actividades productivas que sean de valor estratégico para el desarrollo del país".

En cuanto al ramo que ocupa este artículo, el plan especifica que "la soberanía alimentaria implica el dominio por parte del país de la capacidad de distribución de un conjunto significativo de los alimentos básicos que aportan una elevada proporción de los requerimientos nutricionales de la población".
Polar se especializa en algunos de estos rubros, incluyendo harina de maíz, aceite, arroz, avena, margarina, cereales y algunos productos enlatados, en proporciones no poco envidiables: la empresa aporta el 2,82% del PIB no petrolero y su cheque a la oficina de impuestos representa casi el 3% de todo lo que se recauda de compañías no vinculadas a la producción de crudo.
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Diferencias

Las diferencias de la compañía con el gobierno son de larga data, pero la amenaza de expropiación se intensificó en las últimas semanas. Empezó por una controversia por la orden presidencial de desocupar terrenos en Barquisimeto, una ciudad del occidente del país, que según el presidente Hugo Chávez deberían estar destinados a la construcción de viviendas.
La empresa argumentó que ocupaba legalmente la zona, destinada a usos industriales, y llevó el caso a los tribunales. Asimismo, trabajadores mantienen una protesta permanente en contra de la medida de expropiación.
El intercambio ha devenido en acusaciones más recientes por parte de Chávez. "Si la Polar sigue acaparando habrá que ir por la Polar", dijo el mandatario en su programa "Aló, Presidente", el pasado domingo.

En consecuencia, ordenó una serie de inspecciones que terminaron con el decomiso de varias decenas de toneladas de alimentos.
"La Polar debe entender que hay un Estado, un gobierno y una Constitución. Nadie es intocable. Eso era en el pasado. El desabastecimiento estaba generado por el descontrol que había. Ha generado la inflación, la especulación, el desabastecimiento", declaró recientemente el ministro del Interior y Justicia, Tarek el Aissami.

Pero para algunos, en esto tocó una palabra clave que da pie a otra explicación.
"De manera honesta, yo no creo que Polar sea tan tonta como para especular. En mi opinión, el gobierno está buscando fachadas y chivos expiatorios para responsabilizarlos de su incompetencia en el manejo macroeconómico, de los múltiples desequilibrios derivados del desajuste inflacionario y cambiario", le dijo a BBC Mundo José Manuel Puente, economista del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA).
¿Coyuntura o aceleración de un cambio de modelo? Quizás el desenlace del caso Polar termine aclarando hacia dónde se inclina la balanza.