La declaración permitirá a esos tres estados recibir fondos federales, dijo el lunes en un comunicado el secretario de Comercio de EE.UU., Gary Locke.
"Estamos tomando esta medida hoy debido a las potenciales dificultades económicas que este derrame puede causar a pescadores, empresas y comunidades que dependen de la pesca", aseguró Locke.

"Ayudará a asegurar que el gobierno federal está en condiciones de movilizar toda una gama de asistencia que los pescadores y comunidades pesqueras puedan necesitar", afirmó.
La declaración se realizó a petición de los gobernadores de Luisiana, Bobby Jindal, y Mississippi, Haley Barbour, ante la pérdida de acceso a muchas áreas de pesca comercial y por el daño medioambiental que está causando el vertido.


Las aguas del Golfo de México son el asiento de la industria pesquera y camaronera más importante del sur de EE.UU., con ventas cercanas a los US$3.000 millones anuales, según informó el corresponsal de BBC Mundo en Washington, Carlos Chirinos.

Investigación sobre el impacto

La noticia de la declaración del estado de "desastre pesquero" se conoció el mismo día en que BP se comprometió a destinar US$500 millones para llevar a cabo una investigación independiente sobre los efectos del derrame en la vida marina del Golfo de México.
En un comunicado, la empresa aseguró que la investigación, que se prolongará por un periodo de diez años, forma parte de su esfuerzo por hacer "todo lo posible por minimizar el impacto de este trágico incidente para las personas y el medio ambiente".

Mientras, funcionarios del gobierno de EE.UU. volvieron a defender este lunes la actuación de la Casa Blanca frente al derrame de crudo, en un momento en el que aumenta el descontento entre la opinión pública por el manejo del desastre por parte del gobierno y de BP.
Una delegación oficial integrada por la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Janet Napolitano, el secretario de Interior, Ken Salazar, y un grupo de legisladores demócratas y republicanos, sobrevoló este lunes la zona afectada por el derrame.
"Vamos a seguir encima de esto y de BP hasta que se resuelva el problema y se resuelva de la manera correcta", indicó Napolitano en rueda de prensa.
La secretaria de Seguridad Nacional también indicó que "no será hasta que el pozo quede sellado, esta área de océano se limpie y se paguen las compensaciones debidas que se dará por cerrado este incidente".

Por su parte, Salazar subrayó que "éste es un desastre de BP, es un desastre horrible y un desastre enorme para el medio ambiente".
Salazar aseguró a los residentes del área afectada que el gobierno se encargará de que BP pague por los problemas económicos que el derrame les está causando.
"Mantendremos nuestra bota sobre su cuello hasta que el trabajo esté hecho", dijo Salazar.

"Medios insuficientes"

En la misma rueda de prensa, el gobernador de Luisiana, el republicano Bobby Jindal, denunció que los medios que han recibido para combatir el vertido son aún insuficientes y pidió una acción más rápida del gobierno federal.

BP tiene previsto llevar a cabo este miércoles un nuevo intento para detener el vertido, iniciado el pasado 20 de abril tras la explosión y posterior hundimiento de la plataforma petrolera Deepwater Horizon.
La operación, conocida como "top kill", consiste en introducir líquidos pesados y después inyectar lodo y cemento en el lugar de la fuga, que cuando solidifiquen pueden frenar el flujo de crudo.
El director de operaciones de BP, Doug Suttles, adjudicó entre un 60% y un 70% de posibilidades de éxito a la operación.
Suttles indicó que el mismp miércoles podrá saberse si la maniobra ha tenido éxito.