Soto Jiménez reconoce que las Fuerzas Armadas no tenían calidad para firmar el acuerdo, pero asegura que recibieron orden del Presidente de entonces, Hipólito Mejía. Por Tania Molina, Redactora Senior
La Dirección General de Aduanas (DGA) todavía espera que un tribunal decida sobre la demanda en nulidad incoada hace casi ocho años contra un contrato firmado por las Fuerzas Armadas para instalar un sistema de Rayos X en los puertos dominicanos.
La demanda que presentó la DGA en octubre del 2004, al inicio de la gestión del fenecido Miguel Cocco Guerrero, está en estado de fallo y a la espera de que se designe un juez en el Tribunal Superior Administrativo, según supo DL.
Recientemente, Aduanas volvió a reiterar su negativa a poner en vigencia el contrato firmado en el 2002 entre el Estado dominicano y la empresa ICSSI, SA, por considerarlo oneroso y poco transparente.
El acuerdo aprobado en el Congreso Nacional el 18 de julio del 2002, bajo las firmas de José Miguel Soto Jiménez, en representación del Estado y por la ICSSI S.A., la señora Belinda Galván, viuda del ex jefe de las Fuerzas Armadas, Juan René Beauchamps Javier, entregaba a esta última por 10 años (con renovación automática de otros 10) la revisión de las cargas que llegan por los puertos marítimos, a través del referido sistema.
La DGA cuestiona el hecho de que el documento fuera firmado por el entonces secretario de las Fuerzas Armadas, cuando ese organismo carece de calidad para intervenir en la seguridad de los puertos.
De hecho, el propio Soto Jiménez reconoce la falta de calidad de las FFAA para firmar este tipo de acuerdo, pero, asegura que lo hizo para cumplir una orden que recibió del entonces presidente de la República, Hipólito Mejía.
Soto Jiménez refiere que el proyecto, del que ya no recuerda bien los detalles, lo enviaron a las Fuerzas Armadas para que diera su opinión técnica sobre la factibilidad de que se instalaran los equipos, a lo que el organismo, reunido en el Estado Mayor General, decidió opinar favorable.
"Las Fuerzas Armadas, en ningún caso pueden deliberar y no podemos tomar una decisión de ese tipo, si no baja con una orden del Presidente de la República, y el Presidente tiene su Consultoría Jurídica", aclara el ex-militar.
Insiste en que "es una orden que baja de la Presidencia, entonces, si hubo un fallo, no fue de nosotros, sino de la Consultoría Jurídica, lo que sí agotamos el procedimiento de nosotros".
Según el contrato, ICSSI,S.A. daría el servicio de inspección y fiscalización de todos los contenedores, camiones, automóviles y vans, en la totalidad de las cargas de exportación o en tránsito y de manera aleatoria las mercancías de importación. Por cada carga inspeccionada, el Estado debería pagar a la empresa un monto que iba desde los US$25 hasta los US$90, dependiendo del tamaño del contenedor, y que cobraría ICSSI, S.A. de manera directa a los usuarios.
En el documento también se autoriza a la empresa a cobrar a los usuarios un 5% adicional a la tarifa establecida, monto que se entregaría al Estado, luego de cobrarse cualquier compensación que se le generara. A la empresa, además, se le reconoce derecho de incrementar las tarifas en proporción con cualquier compensación que deba hacerle al Estado, así como el reajuste de las tarifas anualmente. Los cobros del servicio los haría la Autoridad Portuaria Dominicana, en función de otro acuerdo firmado por ésta y la sociedad ICSSI, en mayo del 2003.
También quedaba exonerada de "todos y cada uno de aquellos impuestos, tasa, arbitrio o cualquier otra carga legalmente establecida" que afecte sus operaciones, "incluyendo, pero no limitando", los impuestos de importación de todos los equipos y materiales para la instalación del sistema.
A cambio, la empresa debía adquirir e instalar los equipos, lo que se estimaba en una inversión de US$14 millones, más la generación de unos 200 empleos, conforme se especificó en el informe de la comisión de diputados que lo conoció.
Al contrato se le hizo, además, dos addendas. La primera, del 15 de enero del 2003, se agregaban dos artículos al proyecto original, mediante los cuales se obligaba al Estado a resarcir a la empresa, en caso de que decidiera terminar el contrato, con el importe total del precio de cada revisión no realizada, en el tiempo restante a la terminación del acuerdo.
Además, debía pagarle al ICSSI, durante la vigencia del contrato, el monto equivalente a la cantidad que devengara la revisión del 90% de los furgones, independientemente de que no fueran revisados con el sistema de Rayos X.
El segundo addendum del 14 de agosto del 2003, modificó el artículo 5 del contrato, en lo referente a las tarifas, bajando el monto de revisión de los contenedores vacíos a US$14.00, mientras subía a US$95.00 los contenedores llenos.
También se estableció que ICSSI pagara una compensación al Estado por los servicios de cobro, igual al 1.5% mensual de los montos recaudados. También se incluyó a los grupos empresariales y exportadores en la discusión de las tarifas, que serían revisadas anualmente.
Para los acuerdos, las partes contaron con los Decretos 898-02; 336-03 y 675-03, con los que el presidente Hipólito Mejía autorizó su firma.
La propiedad de la empresa
Unas de las razones que llevan al actual director de Aduanas a desconfiar del contrato para la instalación de los equipos de Rayos X, es el hecho de que la empresa ha cambiado de dueños.
Los recuerdos incompletos de Soto Jiménez refieren problemas entre los socios, y se trata de una litis entre la familia Beauchamps y la empresa International Container Security System (ICSS), que representaba en el país el fenecido Salomón Sanz y que se ventilaba en un tribunal de Estados Unidos, por supuesto fraude.
En mayo de 2003, un periódico nacional se hizo eco de una comunicación que le habría hecho el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP) a Sanz sobre la autorización para la instalación de los servicios de Rayos X a ICSS, por ser éste su presidente y representante en el país. Pero la compañía ( u otra distinta con las iniciales de ICSSI, S.A.) pasó luego a manos de la viuda Beauchamps y su hijo Jean Beauchamps, que son los que finalmente firmaron el contrato.
El Rechazo
Desde sus inicios el contrato para la instalación de los rayos x tuvo rechazos, los cuales motivaron dificultades entre los propios accionarios de ICSSI, SA, despertaron las quejas de los empresarios, hasta llegar a la demanda de nulidad todavía en los tribunales. Según Aduanas, el acuerdo tenía, entre otras cosas, un desequilibrio contractual debido a "las irrisorias compensaciones en provecho del Estado en contraposición a las onerosas obligaciones de toda índole". Entendía además que el documento violaba acuerdos internacionales.
La empresa, en un comunicado público de marzo del año 2010, recordó la fuerza de ley del contrato por haber sido refrendada por las cámaras legislativas y justificó la firma de las Fuerzas Armadas, por entender que la inspección de los furgones no era solo un asunto aduanero, sino de seguridad nacional por el terrorismo y el narcotráfico. Alegó que Aduanas había aprobado la instalación, (pese a que sus directivos en la actualidad lo niegan) y que no se requería licitación, porque entonces, la ley que obliga a ello, no existía. También hace referencia al liderazgo mundial en fabricación y manejo de sistema de rayos x de la empresa Cotecna, a asociada a ICSSI, SA, aunque en el contrato no se hace referencia alguna a la misma. DL intentó comunicarse con los ejecutivos de la empresa, pero no fue posible. Incluso, los números que antes les pertenecían, hoy corresponden a uno colmado y en el edificio que antes se alojaba hoy existe otro negocio.
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