SD. La educación en los países de América Latina tienen los síntomas de una misma dolencia: los gobiernos no destinan los fondos suficientes para que este derecho esté al alcance de la mayor parte de la población.

El economista Ilich Ortiz Wilches, asesor del Programa de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación y coordinador de Proyectos en el Fondo Regional de la Sociedad Civil para la Educación (FRESCE), quien visitó al país como parte de una delegación para conocer los adelantos del proyecto Incidencia para la Mejora de la Inversión de la Educación, ejecutado por el Foro Socioeducativo, apunta que esto es causado por las restricciones macroeconómicas, el aumento del gasto público y el incremento del pago de deuda.

P: Usted plantea que el financiamiento a través de los ingresos del Estado es una manera de garantizar un crecimiento sostenido de los fondos para Educación ¿Es esto más conveniente que fijar porcentajes?

R: La mejor manera de garantizar que el presupuesto educativo va a crecer es cuando tú lo vinculas a una proporción de los ingresos y no del presupuesto, porque el presupuesto implica todo el debate político. Lo que hay que hacer es que de cada peso, o de cada dólar, que entra a las arcas nacionales ya de antemano haya una parte de ese dólar que vaya al presupuesto de Educación.

Ya otra discusión es si se gasta bien, si se ejecuta, porque muchas veces hay subejecución, es decir, existe el dinero, pero a lo largo del año no se gasta completamente. La mejor manera es tomar parte de los ingresos, atarlos al presupuesto de Educación, de Salud y de los sectores relacionados a los derechos sociales básicos.

P:¿Es una política equivocada fijar porcentajes a partir del presupuesto?

R: Es que cuando no están protegidos el crecimiento de los ingresos de Salud o Educación, suele ocurrir que otros sectores se priorizan, y no me refiero a sectores de otras políticas públicas, sino que se prioriza el pago del servicio de deuda o algunos otros gastos que van a sectores minoritarios, no a garantizar políticas universales de derecho, sino a sectores que están empoderados en el Estado y que toman esos recursos como subsidios o como pago de renta financiera. Eso es lo que ocurre.

Entonces si un país quiere proteger sus recursos públicos la mejor manera es protegerlos como proporción de los ingresos. Esa es una manera que ha resultado en varios países. Lo que pasa es que eso implica que el legislador, que es quien promueve esas leyes, esté de acuerdo en dejar esa atadura de ahí en adelante hacia los siguientes gobiernos.

P: ¿Cuál es la situación en América Latina?

R: La situación en general es que este derecho no está totalmente financiado. O sea, en un país como España, donde se gastan seis mil dólares al año por estudiante, uno podría decir que la brecha financiera para cumplir con el derecho no es excesiva, puede que exista una brecha y que tenga que seguir aumentando los recursos en términos reales. Pero en América Latina, donde el promedio son seiscientos dólares al año, es decir, cerca de diez veces menos de lo que se gasta en España, la brecha es gigante.

Lo grave no sólo es que sea tan grande, sino que la ciudadanía misma no sabe que esa brecha es grande. Las organizaciones ciudadanas, las coaliciones, no han producido la suficiente información o no han dado el debate lo suficientemente profundo para darse cuenta del grado de desfinanciación que tiene el derecho a la Educación en la región.

P: ¿A qué atribuye la negación de financiar satisfactoriamente la educación?

R: Los gobiernos están profundamente comprometidos con el pago del servicio de la deuda a la banca privada nacional e internacional, es decir, prima el derecho de unos especuladores financieros que, de hecho, están detrás de la crisis mundial que estamos viviendo, a cobrar un tributo a la ciudadanía a partir del presupuesto público vía el pago del servicio de la deuda. Es un problema de poder.

Porque muchas personas dirían que lo que sucede es que se han pedido recursos antes y esos recursos hay que pagarlos. Pues la verdad es que en países como los datos que me han mostrado de República Dominicana, no ha existido un aumento en el presupuesto de Educación y Salud. Luego de ese endeudamiento, uno tiene que preguntar a qué se ha dedicado. ¿Esos recursos que se han pedido en crédito a la banca no han ido a salud, educación, agua potable, a los sectores de los derechos sociales básicos de la población? ¿En qué se han gastado?

Existen estudios que demuestran que los déficits fiscales en la región no han sido el resultado de un endeudamiento inicial de los países, sino de un endeudamiento secundario. Los países se endeudan para pagar deudas anteriores y generan procesos de crecimiento exponencial de sus servicios de la deuda. Cabría preguntarse si esto es intencional, cuando tú encuentras que países se endeudan sin necesitar esos recursos y hay los que, además, no los dedican a las demandas de la población.

P: ¿Qué mecanismos sugiere para que se exija un financiamiento adecuado?

R: El primer mecanismo es la movilización. Es un mecanismo que está debidamente instituido en la normativa internacional de los derechos humanos y en casi todas las constituciones de los países que se precien de tener una democracia. La gente se tiene que movilizar, hacer uso de su derecho a la expresión, a la organización, a la manifestación, a la movilización, a la reunión, para exigir que el Estado responda a sus demandas y a sus derechos.

Luego, cuando existen leyes que se han instituido en para garantizar presupuestos mínimos, como es el caso de la República Dominicana, la ciudadanía puede asistir a los tribunales nacionales o internacionales si no encuentra respuesta positiva a sus derechos y el cumplimiento de la legalidad en el país donde está vigente esa legalidad.

Otro instrumento es movilizar la opinión internacional. En América Latina es hora ya de romper con la situación de cerco mediático que tenemos. Hay un gran saldo de desconocimiento y de falta de vínculo informativo, político y de movilización entre nuestros países.

Si eso no se supera no será posible vencer la situación de desigualdad profunda que afecta nuestra región y vulneración de nuestros derechos y de la democracia. Porque gobiernos que incumplen leyes no son gobiernos democráticos.

P: ¿Cómo ve el papel de la educación privada?

R: Más que hablar de la educación privada, es hablar de educación, decir que la educación es pública en sí misma, la educación como derecho es pública. ¿Cuál es el papel que puede jugar el sector privado? El primer papel que debe jugar el sector privado es reclamarle al Estado que instituya la educación pública. Es deber del sector privado reclamar los compromisos del Estado.

En segundo lugar, el sector privado debe cumplir con su compromiso de pagar impuestos, es decir, cuando las organizaciones privadas dicen que su compromiso con la educación es construir escuelas, o es mejorar la que existen se olvida uno que su principal compromiso es pagar los impuestos para que el Estado pueda hacer eso.

Más allá de eso, si existen comunidades que deciden no asistir a la escuela pública y construir escuelas privadas por sus creencias ideológicas, por su tradición, por su historia, por su origen, por lo que sea, esas escuelas deben garantizar todos los estándares de la educación pública y tienen que ser un resultado de una decisión consciente de los ciudadanos.


"La mejor manera de garantizar que el presupuesto educativo va a crecer es cuando tú lo vinculas a una proporción de los ingresos".

"El primer papel que debe jugar el sector privado es reclamarle al Estado que instituya la educación pública".

De Argénida Romero

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