SANTO DOMINGO.-El presidente Leonel Fernández recibió este martes a la ministra de Relaciones Exteriores para las Américas y Asuntos Consulares de Canadá, Diane Ablonczy, con quien conversó sobre las relaciones comerciales entre su país y la República Dominicana.

La diplomática destacó la importante inversión de Canadá en República Dominicana, al señalar que más de 800 mil turistas canadienses visitan el país cada año.

"Tenemos mucha inversión canadiense aquí. Uno de cada cinco turistas que visitan el país, es un canadiense. La República Dominicana es fundamental para nosotros", dijo Ablonczy al concluir la reunión con el mandatario, acompañada del canciller dominicano, Carlos Morales Troncoso, así como del embajador de Canadá en el país, Todd Kniack.

Ablonczy agota en el país una visita de cuatro días, además del encuentro con el primer mandatario, también sostendrá reuniones con representantes de varios sectores de la vida nacional.

NUEVA YORK- Fiscales de la Corte Federal del Distrito Sur que procesaron el expediente del reconocido capo colombiano del narcotráfico Francisco Uribe González (El Patrón) dicen que éste utilizaba una pista militar para transportar grandes cantidades de drogas desde Colombia a la República Dominicana.

La revelación de las autoridades federales está reseñada en el expediente instrumentado a Ospino Rosero y sus lugartenientes John Freddy Noreña Correa y Héctor Fabio Ospino Rosero, quienes también están encarcelados en Nueva York. Ambos se declararon culpables la semana pasada de conspirar para distribuir cientos de miles de kilos de heroína y cocaína a la República Dominicana, Estados Unidos y México. Uribe ya fue sentenciado a 30 años de prisión en el 2010.

Ospino Rosero y Noreña Correa serán sentenciados en diciembre de este año por el juez Lewis A. Kaplan y se enfrentan a condenas de 10 años de cárcel.

Uribe fue arrestado en la República Dominicana en el 2009 y extraditado a Nueva York. En junio del 2010 se declaró culpable de conspirar para importar y distribuir drogas en Estados Unidos y otros países. El 30 de noviembre del 2010, se le sentenció a tres décadas en la cárcel.

Un comunicado de la oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur, Preet Bharara explica que los cómplices de Uribe se declararon culpables el miércoles y viernes de la semana pasada, luego de que los fiscales los confrontaran con abrumadoras evidencias basadas en testimonios de miembros de la organización, considerada una de las más poderosas grabaciones de llamadas telefónicas, videos y fotografías en las que aparecen haciendo sus transacciones.

El expediente señala que Ospino Rosero viajó a la República Dominicana para supervisar personalmente la pista militar de aterrizaje en la que por órdenes de Uribe, se entregaban los grandes cargamentos de las drogas. Fue interceptado en llamadas que se le grabaron acordando el envío a Nueva York.

Noreña Correa también fue interceptado en llamadas en las que ordenaba el envío de miles de toneladas de cocaína y heroína a la República Dominicana, desde donde se enviaría a los Estados Unidos.

Ese cargamento fue bloqueado por agentes de la DEA destacados en Santo Domingo y los fiscales dicen que el cargamento tenía un valor aproximado de US $2.000.000 en el mercado callejero. También importaban la droga a través de países de Sudamérica, algunos de cuyos cargamentos fueron interceptados.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos había colocado a Uribe en una lista como uno de los narcotraficantes más importantes del mundo. Ospino Rosero y Noreña llevaron a cabo operaciones entre el 2007 y el 2009, enviando miles de kilos de cocaína y heroína a varias regiones de México, República Dominicana, Venezuela y países de Europa.

El Centro de Derechos Constitucionales, un grupo legal sin fines de lucro con sede en Nueva York, solicitó la investigación en nombre de la Red de Sobrevivientes, argumentando que la Iglesia ha mantenido "un prolongado y dominante sistema de violencia sexual" pese a las promesas de erradicar expeditivamente a los culpables.

El Vaticano dijo que no tenía comentarios que formular inmediatamente.
La denuncia nombra al papa Benedicto XVI, parcialmente por haber dirigido en el pasado la Congregación para la Doctrina de la Fe, que en el 2001 recibió la responsabilidad de supervisar los casos de abusos; el cardenal William Levada, actual director de esa congregación; el cardenal Angelo Sodano, secretario de estado durante el papado de Juan Pablo II, y el cardenal Tarcisio Bertone, actual titular de ese cargo, el segundo en jerarquía en el estado del Vaticano detrás del pontífice.

Los abogados de las víctimas dicen que la violación, la violencia sexual y la tortura están considerados crímenes de lesa humanidad según el tratado internacional por el que se rige el tribunal. La denuncia también acusa a funcionarios del Vaticano de crear políticas que perpetuaron el daño, equivalentes a un ataque contra la población civil.
Barbara Blaine, presidenta del grupo Red de Sobrevivientes de Abusados por Sacerdotes, con sede en Estdaos Unidos, dijo que apelar ante el tribunal era un último recurso.
"Hemos tratado todo lo imaginable para hacerlos detener y no resultó", dijo a la Associated Press. "Si el Papa lo deseara, podría tomar una medida enérgica en cualquier momento para ayudar a proteger a los niños hoy y en el futuro, y se niega a tomarla".
La probabilidad de que el tribunal investigue el caso son mínimas. El fiscal ha recibido casi 9.000 propuestas independientes de investigaciones desde el 2002, cuando fue creado como el único tribunal permanente para crímenes de guerra, y nunca ha abierto una investigación formal basada solamente en un pedido de ese tipo.
En cambio, el fiscal argentino Luis Moreno Ocampo ha investigado delitos como genocidio, asesinato, violación y reclutamiento de niños como soldados en conflictos que van desde Darfur, en Sudán, hasta la violencia de este año en Libia. Estos casos han sido remitidos al tribunal por los países donde se cometieron las atrocidades o por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Por otra parte, la Santa Sede no es estado miembro de la corte, lo que significa que los fiscales no tienen jurisdicción automática allí, aunque la denuncia abarca casos de abusos en distintos países, muchos de los cuales reconocen la jurisdicción de ese tribunal.

La tormenta también dejó inundaciones. (Foto: Fuente externa)

SAN JUAN.- Más de 15.000 puertorriqueños se encuentran hoy sin electricidad debido al paso de la tormenta "María", que además dejó como saldo en la isla caribeña cortes de carreteras y varias personas refugiadas.

El director de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Raúl Burgos, sostuvo en un comunicado de prensa que las áreas más afectadas por la interrupción del servicio eléctrico son San Juan, Caguas y Ponce.

Enfatizó que aunque hay 500 grupos de trabajadores tratando de normalizar el servicio, las lluvias han retrasado la reparación de las líneas averiadas. Por su parte, la secretaria interina del Departamento de la Vivienda, Alessandra Rosa Tirado, informó que siete de las ocho personas refugiadas que hay actualmente están en una escuela de Ceiba, ciudad al este de Puerto Rico.

Indicó que actualmente personal de la región de Utuado, ciudad central de la isla, se encuentra evaluando la posibilidad de abrir dos refugios allí, ya que un río amenaza con salirse de su cauce en cualquier momento.

"Le recordamos a las familias que entiendan que sus residencias no están preparadas para recibir el impacto de condiciones climatológicas, que no lo piensen dos veces y por el bienestar propio y de los suyos opten por identificar lugares seguros en donde pasar estas emergencias", subrayó.

El pasado 22 de agosto, la tormenta tropical "Irene" se convirtió en el primer huracán de la temporada de ciclones del Atlántico en la costa norte de Puerto Rico, donde dejó un muerto y medio millón de personas sin servicio eléctrico.

Abel Martínez

SANTO DOMINGO.-La Cámara de Diputados impulsará una modificación urgente de los Códigos Penal y el Procesal Penal, para incrementar y hacer más drásticas las penas a los criminales.

Así lo informó el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, quien dijo que dará un plazo de 30 días a la Comisión Permanente de Justicia para que entregue al pleno un informe con las recomendaciones en torno a dichas modificaciones.

Martínez manifestó que desde ese organismo se hará todo lo posible por aprobar leyes que golpeen a la delincuencia, con el objetivo de parar los delitos en el país. En ese sentido, criticó la forma en que algunos jueces ponen en libertad a peligrosos delincuentes.

"Entendemos que no debe de darse la libertad a delincuentes confesos y que han sido reincidentes por las mismas causas, la medida de coerción deben ser revisadas también, para que no sean tan flexible", explicó.

Señaló que uno de los principales problemas es que muchos criminales en las cárceles no cumplen las condenas que les son impuestas.

"Por eso- agregó- modificaremos ambos Códigos para que no exista la excusa para que pueda dejarse en libertad a los delincuentes".

Lavados de activos

Asimismo el legislador informó que también serán revisadas las leyes sobre lavados de activos, narcotráfico y el Código del Menor a fin de que sean aumentadas las penas en estos casos.

Explicó que las modificaciones al Código del Menor se establecerán que grupo de jueces evalúe al menor que actúo en un acto delictivo para establecer si esta actuación fue con discernimiento de causa, para de esta forma condenarlo con un adulto.

"Esto para no violar los acuerdos internacionales que tienen que ver con la protección del menor", agregó.

Héctor Guzmán

SANTO DOMINGO.- El vocero del candidato presidencial por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) emplazó este martes a Danilo Médina responder a la propuesta hecha por Hipólito Mejía sobre la rápida aprobación de la Ley Electoral y de Partidos.

El candidato presidencial perredeísta, en su discurso de presentación del Comando Nacional de Campaña el pasado 9 del mes en curso, propuso un pacto entre todos los sectores para que agilicen la aprobación en lo que va de año de la Ley de Partidos que reposa en la Cámara de Diputados, así como el proyecto de Ley Electoral que introducirá la Junta Central Electoral (JCE) a finales de este mes.

En ese sentido, Héctor Guzmán propuso a los demás candidatos y partidos, en especial al candidato del PLD, aprobar a la mayor brevedad la Ley de Partidos que cursa en el Congreso Nacional y la ley que será sometida por la JCE.

Guzmán reiteró que el candidato presidencial oficial debe responder a lo propuesto hecha por Mejía de cara a las elecciones del próximo año, en la que se escogerá democráticamente el nuevo presidente que conducirá los destinos de la nación.

Recordó que el presidente de la JCE dijo esta semana que esa entidad, en coordinación con la Organización de Estados Americanos (OEA), elabora, en cumplimiento con la nueva Constitución, la modificación a la Ley Electoral, por tanto, la nueva pieza será depositada en el congreso a finales de este mes de septiembre.

"El presidente de la Junta Central Electoral dijo también que estas leyes deben ser aprobadas antes de diciembre para que entren en vigencia en las próximas elecciones, de lo contrario no tendremos regulaciones o normativas que regulen la campaña electoral", resaltó Guzmán.

Dijo que por esas razones, y en interés de garantizar las normativas legales que deben regular la próxima campaña electoral, "y consciente del apoyo de las organizaciones políticas y la sociedad civil a la existencia de leyes que regulen la contienda electoral y el fortalecimiento de los partidos, la actividad política y la democracia dominicana".