La nueva Ley del Aborto que entró en vigor el pasado 5 de julio ha provocado multitudinarias marchas de asociaciones antiabortistas y el rechazo de varias comunidades donde gobierna la derecha, como Murcia, Navarra, Galicia o la Comunidad Valenciana. En ese momento dichas comunidades señalaron que no aplicarían la norma y que derivarían los casos hacia otras regiones de España.
Desde el PP, la portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz, llamó al orden a sus compañeros de partido para que acataran la ley a pesar de no estar de acuerdo. Dentro de las filas del PP se esperaba un pronunciamiento del Tribunal Constitucional para que suspendiera temporalmente la aplicación de la norma. No ha sido así.

El pleno del tribunal –integrado por 12 magistrados- ha rechazado la petición del PP aunque la decisión cuenta con la objeción mediante votos particulares de cuatro magistrados: el progresista Eugeni Gay y los conservadores Javier Delgado, Jorge Rodríguez-Zapata y Ramón Rodríguez Arribas.
En ese sentido la representante del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, ha señalado que la admisión a trámite de un recurso de inconstitucionalidad "no tiene efectos suspensivos" por lo que a su juicio, "lo normal es que se cumpla la ley que ya está en vigor".

Uno de los principales argumentos jurídicos del gobierno para evitar la suspensión de la nueva Ley es que "no se puede suspender una ley aprobada por las Cortes Generales", como ha ocurrido en este caso.
La nueva ley permite que el aborto hasta la semana 14 de gestación, crea un comité clínico para evaluar los abortos por problemas en el feto a partir de la semana 22 y permite que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento paterno.

Reacciones encontradas

"Los grupos conservadores argumentan que el feto no tiene la culpa y que, una tragedia no debe resolverse con una tragedia mayor, definiendo el aborto como un asesinato, criminalizando a las mujeres. Creemos que el derecho al aborto es un derecho fundamental de cualquier mujer, al igual que una educación sexual libre y sana, sin prejuicios", señala en un comunicado el grupo feminista Mujeres de La Ribera.
"La legalización del aborto en España impedirá la muerte de muchas mujeres en quirófanos clandestinos", agregan.

Según el Ministerio de Sanidad, en España se practican unos 115.000 abortos al año. Hasta ahora, las mujeres sólo podían recurrir al aborto por violación hasta la semana doce, por malformación del feto hasta la 22 o por grave riesgo de salud de la madre sin plazo. En la práctica más del 95% de los abortos practicados se acogen a este último supuesto, alegando daños psicológicos.
La Federación Española de Asociaciones Provida, que ha organizado la mayoría de las multitudinarias manifestaciones contra la nueva ley, advierte que "las consecuencias de nuestras decisiones perduran más allá del tiempo que podamos gobernar. Está en nuestras manos que ninguna mujer recurra al aborto por encontrarse sola o confundida".

La Federación ya prepara nuevas manifestaciones ante el pronunciamiento del Constitucional.
A pesar de la polémica, la nueva Ley del Aborto ya lleva diez días de aplicación, incluso en comunidades como Murcia donde su presidente, Ramón Luis Valcárcel, declaró un boicot frontal a la norma calificándola de "bodrio de perversidad tremenda". Murcia es una de las comunidades de España donde más abortos clandestinos se practican.

Aún así comunidades como Navarra y Valencia planean entregar información (folletos, videos en 3D) para disuadir a las mujeres que quieran abortar.
El Tribunal Constitucional aún tiene que pronunciarse sobre los recursos del PP y de gobiernos como los de Navarra que piden la eliminación de varios artículos de la ley, argumentando que el aborto libre va en contra del artículo 15 de la Constitución española que garantiza la vida. Pero de momento la nueva ley se aplicará.

"Los chicos tenemos derecho a una mamá y un papá", fue la consigna. Detrás de ella se embanderaron miles de argentinos, que el martes se manifestaron en contra del proyecto de ley de matrimonio homosexual.
En una noche helada en Buenos Aires, la marcha tiñó la céntrica plaza del Congreso de naranja, el color de la convocatoria, justo frente al edificio legislativo donde, apenas horas después, se debatirá el proyecto de ley de casamiento para parejas del mismo sexo.
Los organizadores estimaron unos 100.000 asistentes, aunque la prensa afirmó que rondaron los 50.000.

Planeada por organizaciones católicas y evangélicas, y apoyada por practicantes de otros credos, la reunión fue escenario de duras críticas a la norma, que, desde mayo pasado, cuenta con media sanción de Diputados y contempla el derecho de adopción, tal como se aplica a los matrimonios heterosexuales.
"Distinguir no es discriminar… aprobar el matrimonio homosexual es un retroceso antropológico", expresó el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Bergoglio, la "figura fuerte" de la marcha. Aunque no estuvo presente en la plaza, sus palabras llegaron a través de una carta leída desde los micrófonos.
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Voces naranjas

Las entidades organizadoras destacaron que buscaban defender la idea de la unión matrimonial heterosexual como la única válida, aunque sin "confrontar con la comunidad homosexual".
"Entendemos que hay libertades y prerrogativas ante la ley que ellos reclaman y deben ser atendidas, como compartir obra social o tener derecho a la herencia. Pero nos oponemos a que, en el avance a sus libertades, se lesionen otras libertades y derechos, como los del niño a tener mamá y papá", le dijo a BBC Mundo Gastón Bruno, vicepresidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera), uno de los grupos convocantes.
Entre los manifestantes, las consignas religiosas se mezclaron con argumentos legales y alusiones a un "orden natural" de las sociedades a la hora de justificar las adhesiones.
"La naturaleza es sabia, y la naturaleza dispuso que los niños tengan un mamá y un papá, no es ni la Iglesia ni yo ni los políticos", opinó ante BBC Mundo María Celene Vila, de 34 años.
"Queremos que no puedan adoptar hijos y que haya una mamá y un papá porque así lo dijo Dios", expresó Máximo Felgueras, de 10 años, mientras sostenía en alto un cartel por "Mi derecho" con un dibujo infantil de una familia tradicional.
"Es importante venir porque hay que hacer saber a los senadores que este es el pensamiento del pueblo", acotó Alfredo Vittolo, presente en la plaza con su esposa e hijos, todos vestidos de naranja.
En este sentido, muchos críticos leyeron la convocatoria como un "modo indecoroso" de ejercer presión sobre los senadores, de cara al debate que tendrá lugar el miércoles.
Otros cuestionaron el reparto de panfletos con estadísticas sobre la presunta promiscuidad de las parejas del mismo sexo y con leyendas sobre la homosexualidad como una enfermedad, por considerarlos discriminatorios.

Fuerzas laicas

La Iglesia católica, ampliamente mayoritaria en Argentina, tuvo en los laicos a una fuerza movilizadora de la "cruzada naranja".
Fue el Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina (Deplai) el que llamó a salir a las calles después de que, en las últimas semanas, sus representantes subieran a los púlpitos de las iglesias para leer su propuesta ante los fieles en misas.
También la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera) y la Federación Confraternidad Evangélica Pentecostal (Fecep) anotaron sus nombres entre los organizadores. Desde el judaísmo, los referentes ortodoxos sumaron sus críticas, aunque sectores más moderados apoyaron la propuesta de ley.

Los grupos religiosos conservadores alegan los intereses de los niños en su rechazo a la ley: el "derecho inalienable" –dicen- de nacer y crecer en lo que definen como "el ambiente natural del matrimonio" heterosexual.

Mucho ruido

En tanto, a pocas cuadras del Congreso y junto al emblemático Obelisco, otros grupos de la sociedad civil convocaron a una "contramarcha", que se multiplicó en varias esquinas de la ciudad.
La bautizaron "Ruidazo" y pidieron a los asistentes que llevaran cacerolas, matracas, vuvuzelas o "lo que tengan" para hacerse oír. Fue media hora de bulla metálica que compitió con el ruido del tránsito porteño.
"Fue una estrategia para intentar desviar la atención de los medios y la gente de la propuesta de los grupos ultra religiosos. Nosotros somos minoría pero es una manera de demostrar que estamos y que respondemos a esta agresión eclesiástica", explicó a BBC Mundo Rafael Preda, portavoz de la Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina (Sigla).

Aunque eran muchos menos, los manifestantes formaron una marea de banderas arco iris, emblema universal del movimiento gay, y cantaron y bailaron bajo las consignas de "Sí a la ley de la igualdad" y "Modificación del Código Civil ya".
La convocatoria también incluyó la distribución de volantes sobre "la necesidad de lograr los mismos derechos con los mismos nombres" para lograr un "país inclusivo y sin discriminación".

Polarización

En los días previos al debate senatorial, la controvertida norma del matrimonio gay ahondó las distancias entre la Iglesia y el gobierno nacional.
Según una carta distribuida por el cardenal Bergoglio a sus sacerdotes, la propuesta de ley "es la pretensión destructiva del plan de Dios". Otros obispos, en tanto, se refirieron a ella como una "guerra" contra el sustrato cristiano del pueblo.
Desde China, donde se encuentra en visita oficial, la presidenta Cristina Fernández se mostró consternada por la seguidilla de declaraciones.
"Es muy preocupante escuchar expresiones como "guerra de Dios", "proyectos del demonio" y cosas que realmente remiten a tiempos de la Inquisición, a tiempos medievales", sostuvo la mandataria.



Muchos, sin embargo, criticaron al oficialismo por adueñarse de la propuesta de ley y defenderla consistentemente con fines políticos, los de atraer a sus filas a los ciudadanos de pensamiento progresista.
En unas pocas horas, la disputa socio-política cobrará forma de discusión legislativa. Y todo indica que los cruces y enfrentamientos en el recinto el Senado serán del mismo tenor que los que envuelven a toda la sociedad.

El presidente Sebastián Piñera fue el encargado de dar a conocer los resultados del sondeo, realizado entre noviembre y diciembre del año pasado, que registró una subida de 1,4 puntos porcentuales y representa el primer incremento desde el término del régimen militar de Augusto Pinochet en 1990.
"Si al recuperar la democracia (en 1990) un 39% de los chilenos vivía bajo la línea de la pobreza, al año 2006 la cifra se había reducido casi un tercio, llegando al 13,7%. Sin embargo, hoy la tendencia es diferente", expresó el mandatario, calificando la nueva estadística como un "triste retroceso".
Los datos entregados este martes implican que son 355.095 los chilenos que se sumaron a la población más vulnerable, hasta completar 2,5 millones de personas que viven en situación de pobreza.

Chile utiliza la misma metodología empleada por la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) para medir esta realidad, a través de la elaboración una canasta básica de alimentos.
En la última encuesta se estimó que la línea de pobreza en el país está en un ingreso mensual per cápita de 47.000 pesos chilenos (unos US$87), mientras que la línea de indigencia fue de 23.500 pesos (US$43).

El golpe de la crisis

Leonardo Moreno, director de la Fundación para la Superación de la Pobreza, le explicó a BBC Mundo que la última crisis financiera internacional tuvo efectos que Chile no pudo evitar, a pesar de las iniciativas adoptadas por la administración de la ex presidenta Michelle Bachelet.
"Chile no estuvo inmune a la crisis internacional, que golpeó muy fuerte. Y es complejo responder si esto es un fracaso de las políticas del gobierno anterior o no, porque creo que efectivamente se tomaron medidas bastante relevantes que pueden incluso haber aminorado su impacto", señaló.

En el palacio de La Moneda apuntaron a Bachelet por el aumento en la cifra, y Piñera afirmó que la ayuda "muchas veces no llega a quienes realmente lo necesitan, o porque los recursos se quedan entrampados en la burocracia o porque se despilfarran en gastos innecesarios, o sencillamente porque se pierden en las garras de la corrupción".
El enfoque social que siempre dijo tener la ex mandataria fue cuestionado por el bloque gobernante, y el ministro de Planificación, Felipe Kast, habló de una "herencia triste" que hay que mejorar con mayor eficiencia en el gasto.

La respuesta llegó por parte de su antecesora en el cargo, Paula Quintana, quien lamentó que Sebastián Piñera no hiciera mención "al impacto de la crisis en la explicación respecto del incremento de la pobreza. Creo que eso es faltar a la verdad, y los ciudadanos y ciudadanas requieren una información clara, sin distorsiones y sin mala intención".

Va a aumentar

Para noviembre está programado que se entreguen los resultados de una encuesta Casen que medirá los efectos del terremoto de 8,8 grados Richter que azotó a la zona centro sur del país en febrero pasado. Y los pronósticos son pesimistas.

"Es un hecho que la pobreza va a aumentar. En definitiva se han perdido puestos de trabajo, pero además se perdieron bienes patrimoniales, como pescadores artesanales que no tienen sus redes o sus botes. Entonces necesitamos instrumentos que nos ayuden a complementar la información que tenemos de pobreza por ingreso", manifestó Leonardo Moreno.
Piñera le solicitó al ministro de Planificación que en marzo de 2011 ya se pueda implementar el llamado ingreso ético familiar, que según anunció en su discurso del 21 de mayo será de 250.000 pesos (unos US$465) para un grupo promedio de cinco integrantes, para complementar los ingresos de las familias más vulnerables.
Además, antes de 45 días deberá enviarse al Congreso el proyecto que crea el ministerio de Desarrollo Social, para coordinar el uso de recursos y la entrega de beneficios.

Tras un 2009 en que la economía cayó en 1,9%, Piñera se plantea "volver a crecer en torno al 6% anual y crear 200.000 empleos cada año" para lograr su meta. "Derrotar la pobreza es absolutamente alcanzable y factible, y constituye un imperativo ético y moral del cual nada ni nadie nos va a desviar", aseveró.
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A juicio del director de la Fundación para la Superación de la Pobreza, además de medir el ingreso es necesaria "una mirada multidimensional" del problema, estimando que estas nuevas medidas "claramente van en el sentido correcto".

El fabricante del Phantom Eye (Ojo de Fantasma) informó que el aparato puede alcanzar una altitud de 20.000 metros.
El prototipo será enviado al Centro Dryden de Investigación de Vuelos de la agencia espacial estadounidense NASA, con base en California, donde se harán todos los preparativos para su primer vuelo a principios de 2011.

Según Boeing, la aeronave podría hacer "inteligencia y vigilancia constante".
Este producto pertenece a Phantom Works, una subsidiaria del fabricante de aviones dedicada a investigación y desarrollo.
"Volamos el Condor (el anterior avión no tripulado) durante 60 horas en 1989 utilizando combustible normal", dijo Chris Haddox, portavoz de Phantom Works. "Ahora estamos hablando de 96 horas".

Una semana

La empresa explicó en un comunicado de prensa que el Phantom Eye "funciona con 2,3 litros (de combustible) y un motor de cuatro cilindros que produce 150 caballos de fuerza cada uno". Su fuselaje es largo y su envergadura alcanza los 46 metros.
"No está construido para el sigilo, sino para la resistencia", le dijo Haddox a la BBC.
El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha mostrado su interés en este tipo de aeronaves de vigilancia con mucha autonomía y que vuelan a gran altitud. Está evaluando varias tecnologías, como la solar, para ver cuál cumple con los requisitos del llamado "Proyecto Scavenger".

La compañía aeronáutica y de defensa Qinetiq está realizando varias pruebas en colaboración con el gobierno británico para desarrollar el avión solar Zephyr.
En relación con el Ojo de Fantasma, un portavoz del ministerio de Defensa comentó que volar durante cuatro días "está muy bien". "Pero estamos considerando un abanico de opciones para nuestros requisitos de reconocimiento constante".
"Una de estas opciones podría ser que vuele durante una semana", agregó.