Santo Domingo.- Mientras en el salón de la Asamblea Nacional se le da lectura a la nueva Constitución que proclamará esta tarde el presidente de la República, a pocos metros del Congreso Nacional la Coordinadora Nacional de Resistencia al Retroceso Constitucional protesta en contra del nuevo texto que regirá los destinos de la nación. Con pancartas en manos que dicen “porque niega los derechos del pueblo, esta no es mi constitución, queremos constituyente”, “la nueva Constitución es licencia para saquear recursos naturales, queremos constituyente para protegerlos”, y consignas como retroceso constitucional, los protestantes se han colocados en las proximidades del Congreso para quejarse por lo que consideran “vicios” que tiene la nueva Carta Magna. Consideran que la Constitución coloca en alto riesgo de desaparición las áreas naturales protegidas, niega derechos a las mujeres y presentas vicios en su estructuración que desfiguran su imagen. Señalan que con esto dan “un pálido reflejo de la idea original estructurada por los fundadores de la constitución hace 166 años”. Dentro de los que participan en la protesta figuran Luis Schecker Ortiz, Narciso Isa Conde, Lourdes Contreras, Luis Carvajal, entre otros. Entre las entidades que conforman la coordinadora están Participación Ciudadana y el Foro Social. Los participantes solicitaron a las autoridades que están a cargo de la seguridad del área del Congreso que lo dejaran pasar, pero le negaron el permiso, por lo que continuaron realizando su protesta de forma pacífica.

El Ministerio Público pide al tribunal enviar a todos los implicados a juicio.

Santo Domingo.- Los 27 implicados en la matanza
ocurrida el cuatro de agosto del 2008 en Paya, Baní,
pidieron hoy al juez del Primer Juzgado de la Instrucción
del Distrito Nacional dictar auto de no ha lugar en su favor
por no haber cometido los hechos que se les imputan. La
mayoría de la defensa de los imputados presentaron sus
conclusiones y se espera que a las 3:00 de la tarde el juez
Román Hiciano Berroa fije fecha para la lectura de la sentencia
del juicio final.
Los doctores Thomás Castro, Renzo Hilario, Jaime Caonabo
Terrero y Juan Esteban Olivero Feliz pidieron al juez decretar auto
de no ha lugar a favor de sus defendidos tras sostener que estos no
tienen ningún vinculo con el caso Paya.
De su lado, el Ministerio Público, representado por el fiscal adjunto
Francisco Polanco, Dulce Luciano, entre otros, piden al tribunal
enviar a todos los implicados a juicio de fondo para que allí respondan
por los hechos que se les imputan.

Al pronunciar un discurso en el Salón de la Asamblea Nacional, en el acto de proclamación del nuevo texto constitucional, el Mandatario dijo que la razón de tantas reformas a la Carta Sustantva en el país se debía a la falta de estabilidad política, la debilidad del sistema democrático y del desarrollo económico y social de la República Dominicana.
Negó que el docomento favorezca al Poder Ejecutivo como se han pronunciado algunos sectores y dijo que, por el contrario, disminuye su facultad y puso como ejemplo el que el presidente ya no puede elegir loe miembros de la Cámara de Cuentas, ni anular los arbitrios de los ayuntamientos, ni llenar las vacantes de los síndicos y regidores, o enviar tropas al exterior en misión de paz.
En la ceremonia de puesta en vigencia de la nueva Carta Magna estuvieron los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, Reynaldo Pared Pérez y Julio César Valentín, respectivamente, el vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa; la primera dama Margarita Cedeño de Fernández, miembros del cuerpo diplomático y consular acreditado en la República Dominicana; los secretarios de Estado, directores de instituciones del Estado y otras personalidades.
El texto del discurso

El texto del discurso presidencial es el siguiente:
Señores Directores Generales;
Señoras y Señores:
     Originalmente esta solemne ceremonia de proclamación de la nueva Constitución de la República estaba pautada para ser celebrada en una fecha anterior.
     Sin embargo, consideramos que eso habría sido inapropiado. En realidad, la única ocasión válida para la celebración de un acto de esta naturaleza, tenía necesariamente que coincidir con una de las fechas gloriosas de nuestra historia: la del natalicio del Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte.
     Consideramos que no podíamos hacer mejor tributo a quien sacrificó su vida y no escatimó esfuerzo alguno en brindarnos este hogar común a todos os dominicanos, que precisamente proclamar en su día esta nueva Constitución de la República Dominicana, la Constitución del Siglo XXI, la cual será la garantía de la paz, la democracia, la libertad, la justicia social, el bienestar y la prosperidad de la familia dominicana.
     Y es que, justamente, aun antes de nacer la República, ya el Patricio había concebido un proyecto de Constitución, el cual representaba un aval contra la arbitrariedad, el abuso, el atropello y el despotismo en el ejercicio del poder.
     Por eso, esta nueva Constitución no aspira más que a ser una continuación de la labor en favor del respeto a la dignidad humana, iniciada por el genio creador de nuestra nacionalidad.
     Constituye una gran paradoja del destino que la República Dominicana proclamase su independencia, no en lucha contra un poder colonial europeo, sino contra el vecino país de Haití.
     Ese acto de separación e independencia nos condujo a una guerra con nuestro vecino que se extendería durante cerca de diecisiete años; lo cual, tal vez, haya sido la causa más profunda y remota de algunas de nuestras históricas desavenencias e incomprensiones.
     Hoy, sin embargo, como consecuencia del devastador terremoto que le sacudiese hace exactamente dos semanas, el hermano pueblo haitiano se encuentra sepultado en las ruinas, sumido en el llanto y abatido por el dolor.
     Ante esta trágica situación, el sentimiento de solidaridad y de espíritu humanitario del pueblo dominicano se ha expresado de forma auténtica y generosa, y es por eso, que en estos instantes quisiera extender mi más profundo reconocimiento a todas las personas, organizaciones e instituciones, tanto de la vida pública como del sector privado, que por medio de sus desvelos, su ayuda y cooperación, pusieron de relieve ante el mundo los más nobles sentimientos de que es capaz el pueblo dominicano.
     Quisiera también, en estos momentos, expresar mis congratulaciones a todos los Senadores y Diputados, integrantes de esta Asamblea Nacional Revisora, por la forma ardua, entusiasta y patriótica con que asumieron la discusión, el debate y la aprobación de este nuevo texto constitucional que ha de regir el futuro de las reglas del sistema democrático de la República Dominicana.
     A todos ustedes, nuestro más profundo reconocimiento.
     De igual manera, quisiera reiterar mi valoración y aprecio al trabajo de alto nivel profesional desplegado por un conjunto de notables juristas nacionales, que aportaron lo mejor de sus talentos para que pudiésemos diseñar un texto constitucional con la calidad técnica comparable con las mejores de su género a nivel internacional.
     Esos juristas son: el Dr. Cesar Pina Toribio, el Dr. Eduardo Jorge Prats, el Dr. Flavio Darío Espinal, el Dr. Milton Ray Guevara, la Dra. Aura Celeste Fernández, el Dr. Adriano Miguel Tejada, el Dr. José Darío Suárez, el Dr. Julio César Castaños Guzmán, la Dr. Leyda Piña, la Dra. Licelotte Marte, el Dr. Pelegrín Castillo, el Dr. Raymundo Amaro Guzmán y el Dr. Luis Gómez Pérez.
     Cuando a finales del año 2006 se iniciaron los preparativos para una Consulta Popular que hiciese posible la actual reforma a la Constitución de la República, en algunos sectores de la vida nacional se suscitaba la siguiente interrogante: ¿para qué sirve esa reforma?
     Se entendía que lo que el país necesitaba no era una reforma de sus instituciones democráticas, empezando por su Ley Sustantiva, sino más bien la adopción de políticas y medidas orientadas a reducir la pobreza, generar empleos, solucionar la sempiterna crisis eléctrica nacional y proteger de manera más eficaz a la ciudadanía del narcotráfico, la violencia y el crimen organizado.
     Era nuestro humilde criterio, sin embargo, que no había necesidad de establecer una separación entre una cosa y la otra. Proponer una reforma constitucional no tenía por qué implicar un abandono de las demás obligaciones y tareas del Estado, sino más bien, un factor de complementación.
     Al fin y al cabo, el concepto de desarrollo tiene también una dimensión institucional, sin la cual todo lo relacionado a la economía, la sociedad, la educación, la cultura, la ciencia, la tecnología o el medio ambiente, no podría operar de manera adecuada.
     La importancia de la Constitución en cualquier país del mundo, radica en que establece una limitación al ejercicio del poder y fija las reglas del juego para el funcionamiento de la democracia y la convivencia civilizada entre los integrantes de un conglomerado social.
     En ausencia de esas reglas de juego, asumidas y respetadas por todos, ninguna nación podría sobrevivir, ni ningún pueblo podría aspirar al progreso y al bienestar, por la sencilla razón de que lo que reinaría sería el caos, la inestabilidad, el abuso y la desprotección de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos.
     Por consiguiente, dotar a un país de una Constitución no es un acto caprichoso. Es el resultado de la necesidad que exige la creación de un orden, de unas determinadas normas de conducta y de la fijación de los derechos correspondientes a la ciudadanía.
     No pierdo de vista de que tal vez con la excepción de Venezuela, la República Dominicana sea el país de América Latina con mayor número de textos constitucionales. Ésta que estamos proclamando en el día de hoy, es la número 38.
     Eso, por supuesto, contrasta con la Constitución de los Estados Unidos, la cual desde su promulgación en el 1787 no ha experimentado modificación alguna, aunque sí 27 enmiendas añadidas a lo largo de más de 200 años.
     La razón por la cual ha habido tantas reformas constitucionales en nuestro país se ha debido a una razón fundamental: la falta, a lo largo de nuestro discurrir histórico, de estabilidad política, fruto, a su vez, de la debilidad de nuestro sistema democrático y de la falta de desarrollo económico y social.
     Desde la elaboración de nuestra primera Constitución, la de San Cristóbal del 6 de noviembre de 1844, aspiramos a convertirnos en una nación regida por un sistema democrático – liberal en que imperasen los valores supremos de la libertad, la justicia, la separación de poderes y el respeto a la dignidad de los ciudadanos.
     Diseñamos nuestro primer texto constitucional conforme a los modelos de la Constitución Norteamericana, conocida como la Constitución de Filadelfia, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, emanada de la Revolución Francesa; y la Constitución de Cádiz de 1812, identificada también como La Pepa, por haber sido aprobada el día de San José. 
     Todas esas constituciones, que fueron las primeras del mundo moderno, tenían un carácter democrático – liberal; y esto así, porque representaban, por ejemplo, en el caso de Europa, la superación del régimen de la monarquía absoluta y de la aristocracia; y en el de los Estados Unidos, la fundación de una República, la creación de un Estado federal y el establecimiento, por vez primera en la historia, de la institución de la Presidencia.
     En ambos modelos, se tenía como objetivo promover la soberanía de la nación, las libertades públicas, la independencia de los jueces, la realización de elecciones, la existencia de parlamentos y la pluralidad de las ideas políticas.
     Pero, además, en  sentido general, todas las Constituciones, tanto las elaboradas por los distintos países de América Latina, al proclamar su independencia, como las de las naciones europeas, al lograr su unificación territorial en el siglo XIX, tenían también un carácter democrático – liberal.
     Desafortunadamente, en el caso de la República Dominicana, nuestra primera Ley Sustantiva se vio rápidamente ensombrecida por la incorporación del nefasto artículo 210, por medio del cual le resultó posible al General Pedro Santana ordenar la realización de un crimen que todavía a estas alturas, en la primera década del siglo XXI, estremece las fibras del pueblo dominicano: la ejecución de María Trinidad Sánchez.
     En virtud del escaso desarrollo material e institucional de nuestro país durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX, a la ausencia en definitiva de un verdadero sistema democrático, los distintos textos constitucionales que se fueron adoptando no hacían más que responder, en términos generales, a los intereses particulares de los gobernantes de turno y no así a las verdaderas necesidades del pueblo dominicano.
     Un cambio radical, sin embargo, se produjo en la década de los años 60 del siglo pasado. La larga dictadura de Rafael Leonidas Trujillo se había desplomado. Elecciones libres e independientes fueron celebradas, y un destacado luchador antitrujillista del exilio, notable escritor y pensador resultó vencedor con el apoyo abrumador del pueblo: el Profesor Juan Bosch.
     Durante su breve gestión de gobierno se aprobó una nueva Constitución, la llamada Constitución de 1963, la cual aspiraba a redimirnos del oprobio, los vejámenes y atropellos de la tiranía, así como de la falta de estabilidad y de orden político – democrático que, como hemos dicho, había afectado al país desde la fundación de la República.
     Pero además, siguiendo la tradición de la Constitución de Querétaro, Méjico, de 1917, y la Constitución de Cuba de 1940, introdujo un nuevo elemento en el orden constitucional dominicano: el constitucionalismo social.
     A partir de ahí no solamente quedaba garantizado el derecho a la vida, a la libertad, al libre tránsito, a la libre asociación, a la libertad de expresión y difusión de las ideas y a la libertad de conciencia y cultos, sino además, el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda y a un sistema de protección social, de jubilaciones y pensiones.
     Pero de repente, todo eso colapsó. El golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963 puso fin, de manera brusca, a los anhelos, sueños e ilusiones de la sociedad dominicana por construir una verdadera democracia, en libertad y en respeto, de las ruinas de lo que había sido una cruel satrapía.
     He aquí, sin embargo, que de ese hecho luctuoso emergió uno de los momentos más gloriosos y luminosos de la historia contemporánea de la República Dominicana: la Revolución de Abril de 1965, encabezada por ese gran héroe nacional, Francisco Alberto Caamaño Deñó.
     La Revolución de Abril de 1965 se hizo bajo la consigna de retorno a la Constitución de 1963; y ciertamente tenía que ser un acontecimiento conmovedor ver a un pueblo lanzado a las calles, enfrentándose hasta a una ocupación militar extranjera, reclamando su derecho a la democracia, a la libertad y al cumplimiento de sus prerrogativas constitucionales conculcadas.
     ¡Qué hermoso espectáculo, qué gran acontecimiento! El pueblo dominicano, heroicamente volcado a las calles, reclamando el reconocimiento y exigiendo la aplicación de la Constitución que por vía democrática se había aprobado y por un acto de usurpación había sido desconocida.
     ¡Qué viva la Constitución de 1963! ¡Qué viva la Revolución de Abril de 1965!
     Luego de esos acontecimientos, pasamos a la Constitución de 1966, la cual debemos indicar, ha sido el texto constitucional de más larga duración en la historia del país. Sólo vino a ser modificada en el 1994, como consecuencia de la crisis electoral experimentada ese año.
     El hecho de que la Constitución aprobada en el 1966 se extendiese por un período de 28 años, es una prueba irrefutable de que por primera vez en la historia nacional íbamos alcanzando el nivel de estabilidad y de continuidad del que habíamos carecido desde la proclamación de la Independencia.
     Sin embargo, el que la reforma de 1994 se realizase en un contexto de crisis política, esto es, que no fuese consecuencia de un proyecto previamente reflexionado, determinó que se creasen algunas incongruencias, vacíos y divergencias en varios de sus enunciados.
     Así, por ejemplo, en el artículo 64 se establece que los jueces de la Suprema Corte de Justicia serán designados por el Consejo Nacional de la Magistratura.
     De igual forma, el artículo 67 inciso 4, confiere la siguiente atribución a la Suprema Corte de Justicia: “Elegir los jueces de las Cortes de Apelación, del Tribunal de Tierras, de los Juzgados de Primera Instancia, los jueces de Instrucción, los Jueces de  Paz y sus suplentes, los jueces del Tribunal Contencioso Tributario y los jueces de cualesquiera otros tribunales del orden judicial creados por la Ley”.
     Sin embargo, el inciso 9 del artículo 55 le otorga al Presidente de la República el siguiente derecho: “Llenar interinamente las vacantes entre los jueces de la Suprema Corte de Justicia, de las Cortes de Apelación, del Tribunal de Tierras, de los Juzgados de Primera Instancia, de los jueces de Paz, del Presidente y demás miembros de la Junta Central Electoral”.
     En otras palabras, como consecuencia de las contradicciones en los contenidos del propio texto constitucional están dadas las condiciones para una grave situación de crisis institucional, de serios conflictos políticos y de falta de gobernabilidad.
     Pero, más aún, al Poder Ejecutivo se le confieren atribuciones que no deberían ser de su competencia, como ocurre, por ejemplo, en el inciso 25 del ya citado artículo 55, en el que se señala que el Presidente de la República puede anular por decreto los arbitrios establecidos por los ayuntamientos.
     Eso, en realidad, ha debido ser siempre de la competencia jurisdiccional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
     En el inciso 11 se indica que: “Cuando ocurran vacantes en los cargos de regidores o síndicos municipales o del Distrito Nacional, y se haya agotado el número de suplentes elegidos, el Poder Ejecutivo escogerá el sustituto de la terna que le someterá el partido que postuló el regidor o síndico que originó la vacante.”
     ¿Se imaginan ustedes al Presidente de la República sustituyendo a regidores y síndicos de los partidos de oposición?
     ¡A Dios gracias que no me ha correspondido tener que hacerlo!
     Son esas y diversas otras disposiciones a lo largo de la Constitución de 1994, lo que hacía impostergable, entre otras razones, la necesidad de elaborar una nueva Constitución de la República más en consonancia con los nuevos tiempos.
     Hoy ya tenemos esa nueva Constitución. Hela aquí. Es un nuevo texto del cual debemos sentirnos profundamente orgullosos, porque a fin de cuentas es el producto de la inteligencia colectiva del pueblo dominicano.
     Esta nueva Constitución forma parte de una moderna tendencia constitucionalista que ha ido ganando fuerza en el ámbito iberoamericano durante las últimas tres décadas, como consecuencia directa del proceso de transición de regímenes dictatoriales y gobiernos autoritarios a sistemas democráticos.
     El moderno constitucionalismo iberoamericano se ha nutrido, a su vez, de los cambios en el diseño constitucional ocurrido en Europa en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, y que se evidencia en la Constitución de Italia de 1947, la Constitución de Alemania de 1949, la Constitución de Francia de 1958, la cual dio inicio a la V República y la vuelta al poder del General Charles De Gaulle.
     En tiempos más recientes, en su calidad de pioneros de lo que se ha dado en llamar la Tercera Ola Democrática a nivel mundial, habría que considerar también la Constitución de Portugal de 1976 y la Constitución de España de 1978.
     Luego de esas reformas al orden constitucional de cada uno de esos países, ha habido en las últimas tres décadas en América Latina, Europa Oriental y África, por encima del centenar de reformas a la Carta Sustantiva de las naciones integrantes de cada una de esas regiones del mundo.
     Algunos autores hablan incluso de un neo – constitucionalismo a escala internacional, pero lo cierto es que este es un fenómeno que se ha producido debido fundamentalmente a la expansión de la democracia como sistema político, en una dimensión nunca antes conocida en la historia de la humanidad.
     Siguiendo la corriente progresista del constitucionalismo moderno, la nueva Constitución que hoy entregamos a la sociedad dominicana, empieza por consignar en su artículo 7 que la República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, lo cual significa que se funda en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos.
     Un elemento básico del nuevo texto constitucional es que erige un muro de contención frente a aquellos que por las razones que fuesen intentasen hacer zozobrar nuestra democracia, cuando en su artículo 73 afirma lo que sigue:
     “Son nulos de pleno derecho los actos emanados de autoridad usurpada, las acciones o decisiones de los poderes públicos, e instituciones o personas que alteren o subviertan el orden constitucional y toda decisión acordada por requisición de fuerza armada.”
     En otras palabras, lo que ese texto esta indicando es que en la República Dominicana nunca más volverá a repetirse la amarga y trágica experiencia de septiembre de 1963 o por la que en estos momentos ha tenido que atravesar la hermana República de Honduras.
     En definitiva, en la República Dominicana jamás se producirá un golpe de Estado.
     En la República Dominicana prevalecerá para siempre la democracia, la libertad, la paz, la soberanía, la independencia y el respeto a la dignidad de nuestros hombres y mujeres, que fue lo que desde un principio soñaron nuestros Padres de la Patria, Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella y Francisco del Rosario Sánchez.
     Para garantizar en el tiempo el que nuestra democracia permanezca inquebrantable, resulta imprescindible el que nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional queden al margen de las disputas políticas, razón por la cual desde hoy mismo queda prohibido el reintegro de oficiales y alistados a nuestros institutos castrenses y policiales, a menos que el retiro haya sido realizado en violación a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional.
     En la nueva Constitución se produce un salto cualitativo al introducirse elementos propios de una democracia directa o participativa.
     En la nueva Constitución se consagra la iniciativa popular para presentación de proyectos de leyes ante el Congreso.
     En la nueva Constitución se consagra el referendo a los fines de que el pueblo decida de manera soberana sobre cualquier asunto que sea sometido a su consideración.
     En la Ley Suprema que hoy proclamamos ante el mundo, en este acto histórico y solemne, se produce una ampliación de los derechos fundamentales de los ciudadanos como nunca antes había ocurrido en la historia nacional.
     De entrada, es la primera vez que en la Carta Sustantiva del Estado se consigna la igualdad de género, cuando en el artículo 39, inciso 4, se dice lo que sigue:
     “La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Se promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género.”
     Pero inmediatamente, en el inciso 5, reafirma su concepción de equidad al prescribir las siguientes medidas:
     “El Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado.”
     Sólo por haber establecido esas disposiciones, que consignan constitucionalmente la igualdad entre hombres y mujeres en la República Dominicana, valía el esfuerzo de haber llevado a cabo esta reforma a la Constitución.
     En la nueva Constitución se reconoce el fenómeno de la transnacionalización en el mundo moderno, al aprobar la representación legislativa de los dominicanos residentes en el exterior, así como la representación nacional en parlamentos de carácter internacional.
     Además de consolidar las libertades individuales, en el nuevo texto se consagra el derecho a la intimidad y al honor de las personas, el derecho a la propiedad intelectual, el derecho de los consumidores, el de la seguridad alimentaria, el de los derechos de la familia, de los jóvenes, de las personas de la tercera edad y de los discapacitados.
     Un rasgo verdaderamente innovador que emana de las nuevas disposiciones constitucionales lo representa la consagración del secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista, lo cual ofrece a los profesionales de la comunicación la oportunidad de realizar sus trabajos con sentido ético e independencia de criterio.
     Fueron enfáticos ustedes, Señores Miembros de la Asamblea Revisora, en establecer mecanismos especiales de seguridad al desarrollo de la frontera y de protección a nuestros recursos naturales no renovables y a nuestro sistema nacional de áreas protegidas.
     Pero donde verdaderamente el nuevo texto constitucional alcanza las alturas de cualquier otro de su misma naturaleza en cualquier lugar del mundo, es cuando consigna la existencia de derechos colectivos y difusos, lo cual permite la acción jurisdiccional directa de los ciudadanos para obtener la conservación del equilibrio ecológico, la protección del medio ambiente, así como la preservación del patrimonio cultural, histórico, urbanístico, artístico, arquitectónico y arqueológico.
     Todos esos derechos establecidos carecerían, sin embargo, de sentido, si no dispusiesen de garantías para su pleno ejercicio o de protección en caso de vulneración o violación de los mismos.
     Es por eso que cobra particular relevancia el régimen de garantías a los derechos fundamentales estipulado en el nuevo ordenamiento constitucional, el cual entre otras figuras, consagra la tutela judicial efectiva, el habeas data y la acción de amparo.
     Respecto de esta última, se señala en el artículo 72, que: “Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, no protegidos por el habeas corpus, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda autoridad pública o de particulares, para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, para garantizar los derechos e intereses colectivos y difusos.”
     La constitucionalización de esa última disposición es la mejor garantía y protección que jamás haya tenido un ciudadano de este país contra el abuso de poder, el despotismo y el atropello.
     Hagamos del recurso de amparo una verdadera institución democrática y popular al servicio de los mejores intereses del pueblo dominicano.
     Señores Miembros de la Asamblea Nacional Revisora, Ilustres Invitados:
     En algunos círculos de la opinión pública a veces se aduce que la actual reforma a la Constitución se ha llevado a cabo con el propósito esencial de ampliar las prerrogativas en favor del Poder Ejecutivo.
     Nada más incierto. Es todo lo contrario, pues, además de no adicionar ninguna nueva potestad en su favor, lo que verdaderamente ha ocurrido con la entrada en vigencia de la nueva Carta Magna, es una disminución de algunos poderes tradicionalmente otorgados al titular del Ejecutivo.
     Por ejemplo, la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas ya no queda en manos del Presidente de la República, sino de la Cámara de Diputados y del Senado de la República.
     De ahora en adelante, el Presidente de la República ya no dispondrá  de la prerrogativa para autorizar la presencia de tropas extranjeras en ejercicios militares en el territorio de la República, ni de aprobar el envío al extranjero de tropas nacionales en misiones de paz.
     De igual manera, al Presidente de la República se le ha despojado de la facultad concedida para anular los arbitrios municipales, como antes habíamos dicho, así como de llenar interinamente las vacantes de Síndicos y Regidores.
     Así  pues, como puede observarse, de continuar por la ruta trazada en el nuevo orden constitucional, del Presidente de la República se dirá lo que se afirma de los reyes en los regímenes monárquicos: que reinan, pero no gobiernan. 
     Ahora bien, donde se han efectuado algunos de los cambios más profundos y radicales ha sido en el ámbito del Poder Judicial.
     Conforme al artículo 155, se crea el Consejo del Poder Judicial, un organismo enteramente nuevo, el cual representa el órgano permanente de administración y disciplina de dicho poder.
     Asimismo, se crea el Consejo Superior del Ministerio Público, el cual constituye su órgano interno de gobierno, cuyas funciones son las de dirigir y administrar el sistema de carrera y ejercer el control disciplinario sobre representantes, funcionarios y empleados del Ministerio Público.
     Se instituye la defensa pública y asistencia legal gratuita y se amplían las funciones tradicionales del Consejo Nacional de la Magistratura.
     Ahora bien, Señoras y Señores, la verdadera gran novedad del actual texto de nuestra Ley Suprema es la creación del Tribunal Constitucional, el cual viene a sustituir a la Suprema Corte de Justicia en las atribuciones que se le conferían de conocer de las acciones directas de inconstitucionalidad de las leyes.
     Según lo consagra el artículo 185, el Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia de las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo, jurídicamente protegido.
     De igual forma, es competente para conocer del control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por el órgano legislativo, y de los conflictos de competencia entre los poderes públicos.
     No cabe dudas que hay mayor claridad conceptual en el contenido del nuevo texto constitucional que el que prevalecía en el inciso 1 del artículo 67 de la Carta Sustantiva que hoy queda derogada.
     En efecto, de acuerdo con la antigua disposición, correspondía a la Suprema Corte de Justicia conocer únicamente de la inconstitucionalidad de las leyes, y no fue sino por interpretación analógica del artículo 46 que declara la nulidad de pleno derecho de toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrario a la misma Constitución, que se interpretó la noción de ley no en sentido estricto, como debe ser toda interpretación de carácter constitucional, sino como queriendo significar norma, en sentido general, lo cual, por vía de consecuencia, le confería competencia para conocer de la nulidad de los decretos, resoluciones y reglamentos.
     Ese tipo de interpretación analógica podía generar un quebrantamiento del principio de la separación de poderes, por lo cual resultaba más conveniente seguir la experiencia europea de crear tribunales constitucionales, independientes del Poder Judicial, para ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes y de las demás normas del orden jurídico.
     Albergamos la esperanza de que este nuevo órgano del Estado dominicano pueda cumplir a plenitud sus funciones y disponer, con el tiempo, del mismo prestigio y autoridad de nuestra actual Suprema Corte de Justicia.
     Señores Miembros de la Asamblea Nacional Revisora:
     Al entrar en el siglo XXI, la República Dominicana estaba urgida de realizar una profunda reforma a la Carta Sustantiva del Estado, que permitiese consolidar su democracia mediante el fortalecimiento del Estado de Derecho.
     Es mi convicción de que el nuevo texto constitucional aprobado por esta Asamblea Revisora cumple con esos propósitos. No se trata, obviamente, de una obra perfecta, ni de un trabajo que esté exento de disidencias o discrepancias.
     En sentido general, ninguna Constitución está al margen de esas circunstancias. Sólo basta recordar que la Constitución de Filadelfia de 1787 establecía que un esclavo era equivalente a las 3/5 partes de un hombre libre; y su debate y discusión, en sentido general, dio origen a dos facciones, los Federalistas y Antifederalistas.
     Lo mismo ocurrió en Francia, cuando la pasión suscitada en torno a la aprobación de la Constitución de 1791, dividió al país en dos bandos irreconciliables: los Jacobinos y los Girondinos.
     En la República Dominicana, hemos aprobado la actual Constitución por consenso. Aquí, en este recinto, están representadas las fuerzas mayoritarias del escenario político nacional, y fueron ustedes, los portavoces de esas fuerzas, los que con vehemencia, con pasión y entusiasmo, discutieron cada concepto, cada criterio, cada juicio vertido, con la finalidad de que la nueva Carta Sustantiva fuese el mejor instrumento posible para la defensa de la libertad y la democracia en la República Dominicana.
     Ese espíritu de consenso se expresa de manera clara en los valores y principios que se manifiestan en el preámbulo del nuevo texto, de la siguiente manera:
     “Nosotros, representantes del pueblo dominicano, libre y democráticamente elegidos, reunidos en Asamblea Nacional Revisora; invocando el nombre de Dios; guiados por el ideario de nuestros Padres de la Patria, Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez, y de los Próceres de la Restauración de establecer una República libre, independiente, soberana y democrática; inspirados en los ejemplos de luchas y sacrificios de nuestros héroes y heroínas inmortales; estimulados por el trabajo abnegado de nuestros hombres y mujeres; regidos por los valores supremos y los principios fundamentales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad, la convivencia fraterna, el bienestar social, el equilibrio ecológico, el progreso y la paz, factores esenciales para la cohesión social; declaramos nuestra voluntad de promover la unidad de la Nacional dominicana, por lo que en ejercicio de nuestra libre determinación adoptamos y proclamamos la siguiente Constitución”.
     Pero aún antes de que el proyecto de Reforma Constitucional fuese conocido en esta Augusta Asamblea Nacional, fue estudiado, examinado y debatido, en forma de Consulta Popular, en todo el ámbito del territorio nacional por las diferentes organizaciones sindicales, empresariales, comunitarias, campesinas, estudiantiles y barriales, que consideraron que era su deber cívico contribuir y aportar al alumbramiento de una nueva forma de la democracia, más justa, más directa, más equitativa, más participativa y más responsable.

     Ahora nos queda un inmenso trabajo por delante, que es el de elaborar y ajustar un conjunto de leyes que puedan estar en armonía con las disposiciones de la nueva Constitución.
     Estoy seguro que con la misma tenacidad, el mismo espíritu patriótico y el mismo compromiso con las mejores causas nacionales, avanzaremos en esa dirección, en la dirección de una auténtica, genuina y verdadera Revolución Democrática Institucional, que es la gran herencia que dejaremos a las futuras generaciones para que puedan vivir en un país del que puedan sentirse profundamente orgullosos, en razón de que será el lugar donde permanentemente reinará la paz, prevalecerá la armonía y florecerá la justicia. 
     Queda formalmente proclamada la nueva Constitución de la República.
     ¡Qué viva la República Dominicana!
     ¡Qué viva la nueva Constitución!
     Una vez más lo digo, Dominicanas y Dominicanos: ¡E´ pa´lante que vamos!
     ¡Muchas gracias!

POR ELVIRA GUILLEN

Reverendo Reynaldo Franco Aquino

A su juicio, la puesta en marcha de la Carta Magna debería ir acompañada de una campaña de promoción de valores y debe ser un punto de arranque para que todos los sectores se aboquen al diseño del  plan de nación que tenga como ejes transversal los valores.

En un documento que firma su presidente, el reverendo Reynaldo Franco Aquino, la entidad no obstante reconoce que el texto que se pone en vigencia a partir de este martes contiene aspectos muy positivos para el país, tales como la prohibición de la reelección presidencial de manera consecutiva, otorgar al Senado la facultad de escoger la terna y elegir los jueces de la Cámara de Cuentas, el aumento de los derechos de los ciudadanos a través de los diferentes dispositivos (plebiscito, recurso de amparo y defensor del pueblo, etc.) y el referéndum aprobatorio del pueblo para reformarlo.

Además, considera  altamente positivo la aprobación del artículo 56, que faculta a los pastores evangélicos  a oficiar matrimonios civiles, lo que -a su juicio- se constituye en un sólido paso de avance al sistema democrático.

Sin embargo, el CODUE lamenta que se aprobara la reducción de la independencia de la Suprema Corte de Justicia, la elevación del número de diputados, de 178 a 190, la falta de claridad del artículo XV, en lo concerniente al libre acceso que tendrían los ciudadanos a las playas, ríos y lagos, en virtud de que establece el respeto a la propiedad privada, lo cual de no manejarse adecuadamente podría constituir una limitante.  

El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica se puso a disposición de colaborar con todos los proyectos de leyes que fortalezcan el orden colectivo, la paz y la justicia.

“Creemos que los dominicanos estamos frente a una excelente oportunidad para iniciar un proyecto de nación que en el menor tiempo posible abra oportunidades a las clases marginadas y cierre más y más la brecha entre los pocos que tienen mucho y los muchos que tienen poco”, expresó Aquino.

Planteó  como urgente el que se apruebe la Ley de Partidos Políticos, la cual garantizaría más pulcritud y transparencia en todo el proceso de campaña electoral que se avecina, la que se convertiría en un muro de contención, al uso indiscriminado de recursos económicos y la influencia de recursos de dudosa procedencia.

Destacó  que en medio de un estado confuso y una  sociedad fragmentada urgen señales claras de que es posible encaminarnos hacia una transformación  ética, hacia un rescate de los valores morales, hacia una reconstrucción  de la esperanza con la promoción de una verdadera revolución ética en la que contemos con instituciones que cumplan con la ley y la apliquen con rigor a todos por igual.

eg/am

El precio del barril del petróleo experimentó un descenso

El presidente Leonel Fernández SANTO DOMINGO.- El presidente de la República, Leonel Fernández, asistirá este miércoles a la toma de posesión del presidente electo de Honduras, Porfirio Lobo Sosa. Fernández saldrá del país en vuelo privado a las ocho de la mañana de este miércoles por el aeropuerto de la Base Área de San Isidro. El mandatario viajará a Tegucigalpa, capital de Honduras, junto los secretarios de Estado de Relaciones Exteriores, Carlos Morales Troncoso, de la Presidencia César Pina Toribio y el  director de Prensa de la Presidencia, Rafael Núñez. Le acompañrá Además, el jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares, mayor general Héctor Belisario Medina y Medina.  Fernández acudirá junto a otros mandatarios y representantes de misiones internacionales al acto de juramentación de Lobo Sosa, a efectuarse en el Estadio Nacional, a partir de las 10:00 de la mañana. La Dirección de Información, Prensa y Publicidad de la Presidencia informó que el gobernante regresará al país este mismo miércoles en horas de la tarde por la Base Área de San Isidro. Se espera que Fernández llegue a la República Dominicana en compañía del depuesto presidente hondureño, Manuel Zelaya y sus familiares, dando cumplimiento a la firma de un acuerdo en ese sentdo con el mandatario electo de ese país, Porfirio Lobo. vb

La cremación de cadáveres es la soluición más expedita para prevenir epidemias PUERTO PRINCIPE.- La incineración de cadáveres ha comenzado en esta capital y otras ciudades devastadas por el terremoto del 12 de enero que ha dejado más de 175 mil muertos y una cantidad aún desconocida de heridos, según los recuentos más actualizados. Los haitianos han comenzado a prender fuego a los cadáveres para escapar del riesgo de infecciones debido a la descomposición de los cuerpos. Grandes cantidades de cuerpos aún permanecen tirados en las calles de Puerto Príncipe, mientras los sobrevivientes se han adaptado a la situación. Más de un millón de personas viven a la intemperie, utilizando áreas públicas. Pero esos damnificados de momento tendrán que seguir esperando antes de diseñar sus nuevos hogares. La situación haitiana es tétrica. Para realizar sus necesidades grandes grupos de personas se ven obligados a utilizar letrinas comunes para hacer sus necsidades fisiológicas con un mínimo de privacidad. Esto significa que esas personas pisan las heces fecales, lo que propicia  la transmisión de enfermedades infectocontagiosas. UNICEF denuncia tráfico de menores hacia Dominicana NUEVA YORK.- Tamar Hanh, portavoz del Fondo de las Naciones para la Niñez (UNICEF), denunció a una cadena de televisión en español con base en Atlanta que cada año, 2,000 niños y niñas haitianos, son traficados desde Haití a la República Dominicana. Hanh, que es la directora de relaciones públicas de la agencia para América Latina y El Caribe con sede en Guatemala y que estuvo recientemente en Haití, dijo que millares de niños haitianos son afectados por la trata y que en este momento son doble víctimas de la tragedia. La funcionaria de UNICEF indicó que desde hace años, el organismo viene luchando y reclamando a las autoridades de ambos países, para que se modifiquen las leyes contra ese delito y se castigue con más rigor a los traficantes de menores. “Es importante que el mundo también sepa lo que ha estado ocurriendo antes, durante y quizás después del terremoto con los niños haitianos”, dijo en  una entrevista ayer con la cadena CNN en Español. Señaló que la UNICEF hace esfuerzos ingentes y ha estado trabajando muy de cerca con las autoridades haitianas para enfrentar el problema. Informó que la agencia de la ONU cuenta con personal especializado, el cual también trabaja con  las autoridades dominicanas. Explicó que además la UNICEF ha estado coordinando la salida de docenas de niños haitianos hacia países extranjeros, especialmente aquellos que están en proceso de adopción. “No sabemos con exactitud cuánto se requerirá para sacar de Haití a la mayor cantidad de niños huérfanos posible, pero esperamos que se haga en un plazo prudente”, expresó. Dijo que a pesar del esfuerzo de UNICEF y otras entidades internacionales, la situación de los niños sigue siendo precaria debido a la complejidad de la situación institucional en Haití. “Vivimos el huracán del 2008 que también separó a cientos de familias, el gobierno haitiano no puede hacerse cargo de esto, porque la pobreza abunda de extremo a extremo y hay mucha desesperación entre los padres”, añade Hanh. Manifestó que falta muchísimo por hacer para ayudar a sacar a Haití de esa situación. Reveló que además de los 2,000 niños y niñas que son traficados a la República Dominicana anualmente, 173, 000 menores son obligados a trabajar como empleados domésticos, entre 3,000 a 4,000 viven en las calles y el 71% no tiene actas de nacimiento. Las adopciones aprobadas desde el 2006 de niños haitianos ascienden a 1,404 hasta el momento.  vb

Leonel Fernández. Santo Domingo.- El presidente Leonel Fernández creó mediante el decreto 3510 la Comisión Consultiva conformada por juristas especializados en distintas disciplina, la cual estará adscrita a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo para emitir opiniones sobre los diferentes proyectos de leyes y reglamentos que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo someta a su estudio. El decreto establece que la disposición se debe a que la reforma constitucional conllevará la necesidad de una amplia revisión y actualización del marco jurídico nacional con la finalidad de hacerlo acorde con la naturaleza del Estado social y democrático de derecho proclamado en la nueva carta sustantiva de la nación. Dice que los miembros de la Comisión Consultiva prestarán sus servicios profesionales actuando de forma colegiada o de manera individual en función de sus respectivas especialidades, previa solicitud del consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Estará integrada por 10 juristas entre los que figuran Mariano Germán Mejía, Flavio Darío Espinal Jacobo, Reinaldo de Jesús Ramos Morel, Katiusca Jiménez, Olivo Andrés Rodríguez Huertas, Luis Julio Jiménez, Eduardo Jorge Prats, Milton Ray Guevara, Alejandro Moscoso Segarra y Adriano Miguel Tejada.

Para la costa norte  www.lacostanorte.com es de regocijo el ver la pronta mejoria  de nuestro hermano en Cristo  José Luis Pita. esta son lagunas fotos tomada por Andy Delacruz cuando fue a visitarle. El se encuentra en un Hospital  de reeabilitación  en la cuidad de Salem N.H.

El presidente de Taiwán está de tránsito en San Francisco, California TAIPEI.- El presidente haitiano René Preval ha sido invitado por su par taiwanés, Ma Ying-jeou, para un encuentro en la República Dominicana en el que tratarán sobre la ayuda taiwanesa al devastado país caribeño, informa el rotativo isleño "Taiwan News". El anuncio fue hecho por Ma en San Francisco, California, donde efectuó una escala en su viaje a Honduras, donde asistirá a la investidura del presidente electo Porfirio Lobo, y a la República Dominicana, donde entregará diez toneladas de ayuda humanitaria destinada a Haití. En San Francisco el presidente taiwanés se entrevistó con el presidente del Instituto Americano en Taiwán, Raymond Burkhardt, el encargado en Washington de los lazos con la isla, en ausencia de lazos diplomáticos. Poco antes de partir de Taipei, a medianoche, Ma describió su cuarta gira por Latinoamérica como "una celebración del retorno de la democracia" en Honduras y la entrega de ayuda humanitaria a Haití, a través de la República Dominicana. Ma señaló que Taiwán reaccionó con "cautela" ante la noticia del golpe militar contra Manuel Zelaya, pero que pronto se unió a la condena generalizada del golpe. La isla retuvo su embajador en Tegucigalpa y mantuvo contactos con el llamado "gobierno interino" de Roberto Micheletti, pero la situación "era vergonzosa y difícil", reconoció el presidente taiwanés. Ma agregó que se sintió "aliviado y feliz" cuando se celebró una elección presidencial en Honduras y salió elegido Lobo, el candidato del Partido Nacional. Además, indicó que confía en que Lobo consiga un mayor reconocimiento internacional y expresó su satisfacción de "poder participar en esta investidura que marca el retorno de Honduras al sendero de la democracia". El terremoto de Haití ha añadido a esta gira una dimensión "humanitaria", con la entrega de ayuda y el deseo de entrevistarse con su homólogo haitiano. "Taiwán hará todo lo posible por ayudar en las labores de rescate, reubicación y reconstrucción", señaló. Como la escala en Haití no era posible, dadas las condiciones del aeropuerto de Puerto Príncipe, Ma ha invitado a René Preval a entrevistarse con él y con el presidente dominicano, Leonel Fernández, en Santo Domingo. No obstante, el presidente isleño subrayó que Preval está muy ocupado y que aún no sabe si la reunión será factible. Taiwán mantiene lazos diplomáticos con 23 países, entre los que se encuentran Haití, Honduras y la República Dominicana. China no acepta que sus aliados mantengan lazos formales con Taiwán, pero desde la toma de posesión de Ma, en mayo de 2008, no ha arrebatado a la isla ninguno de sus aliados.

POR MIGUEL CRUZ TEJADA

Dos imágenes de los estragos causados en NY por las lluvias y los vientos

Víctor Zambrano fue una gran sorpresa para los Gigantes y un hueso duro de roer para los Leones del Escogido. SAN FRANCISCO.- Los Gigantes del Cibao se colocaron a un juego de ser los campeones del béisbol profesional otoño-invernal 2009-2010 al vencer a los Leones del Escogido por la vía de la blanqueada 2-0 carreras en un abarrotado estadio Julián Javier de esta ciudad. Por cuarta ocasión en la serie final, el cerrador Darío Veras logró su cometido y de pasó estableció un récord para la pelota dominicana. Veras entró al noveno y resolvió con la efectividad de siempre para que los Gigantes derrotaran 2-0 a los Leones del Escogido y de esa forma tomaron control de la serie final. En la séptima entrada,  con hombres en primera y tercera base, sin outs, Ramón Santiago conectó un rodado por primera que le pasó entre las piernas a Kevin Barker y se produjeron las dos únicas anotaciones del partido. El encuentro fue un duelo de pitcheo entre los abridores Víctor Zambrano y Nelson Figueroa. El venezolano Zambrano lanzó cinco entradas y un tercio en las que solo permitió tres indiscutibles, otorgó dos boletos y abanicó cuatro contrarios. Al derecho le siguió el relevista Antonio Bastardo (1-0) tras lanzar dos entradas de apenas un indiscutible y tres ponches, sin boletos. A éste le siguieron Joel Peralta y Veras, quien se anotó su cuarto rescate de la final. Figueroa (1-1) fue víctima de la mala defensa de Barker, quien por tercera jornada consecutiva ha presentado problemas en la primera almohadilla.  El boricua lanzó siete entradas y un tercio, permitiendo siete imparables, con dos carreras sucias y dos boletos, con un hombre golpeado. La victoria puso a los Gigantes a ley de un triunfo para coronarse campeones del béisbol invernal dominicano por primera vez en la historia de la franquicia. Los Leones necesitan jugar perfecto de ahora en adelante para poder cortar su hilera de 18 años sin conseguir corona. No deben perder. Para los Leones fue la segunda lechada que le propinan los lanzadores de los francomacorisanos. Discusiones    En el partido se produjeron un par de momentos de tensión en la séptima entrada, cuando el abridor Figueroa le protestó airadamente al umpire Santos Castillo por conteos de bolas y strikes. Posteriormente, el coach de pitcheo Doug Linton entró a conversar con el boricua y al momento en que Castillo entró a disolver la reunión, Linton le profirió  unas cuantas palabras y de inmediato fue expulsado del partido. Descanso Este martes es día de descanso. El que podría ser el último partido de la serie se celebrará mañana en la Capital. El conjunto escarlata ha sabido reaccionar a tiempo en esta serie.

Inmigración. República Dominicana está en el deber y el derecho de proteger su frontera con Haití para prevenir una entrada masiva de ciudadanos ilegales, declaró ayer la Embajada de Estados Unidos en el país.

Santo Domingo.- El gobierno de los Estados Unidos declaró ayer que República Dominicana está en el deber y el derecho de proteger su frontera con la República de Haití para prevenir una entrada masiva de ciudadanos indocumentados de ese país a territorio dominicano.
El agregado de prensa de la embajada de los Estados Unidos en República Dominicana, David Searby, aseguró que su país no tiene un interés geopolítico en controlar los puertos de Haití, sino evitar un caos migratorio hacia la República Dominicana y Estados Unidos.
Searby manifestó que el gobierno norteamericano está consciente del papel fundamental que ha jugado República Dominicana en la asistencia humanitaria a la República de Haití, luego del terremoto que causó miles de muertes el pasado 12 de enero.
“República Dominicana tiene derecho de proteger sus fronteras y los Estados Unidos también tenemos leyes que resisten la migración ilegal hacia los Estados Unidos”, subrayó el diplomático en declaraciones reseñadas por Red Nacional de Noticias.
Declaró que en su caso como ciudadano residente en el país ha constatado la solidaridad y la abundante ayuda que ha salido de República Dominicana desde las instituciones oficiales y los ciudadanos.
“Una persona que vive en este país, que ve la emoción con que hablan los dominicanos para ayudar a Haití, no puede dudar de que este país está fuertemente comprometido en ayudar a Haití”, resaltó.
Searby precisó que el retiro de los periodistas de diversos medios de comunicación del aeropuerto Toussaint Louverture de Haití obedeció a motivaciones de carácter humanitario.
Explicó que la presencia de periodistas y otras personas que se aglomeraron en el aeropuerto haitiano dificultaba el aterrizaje de aviones cargados de ayuda internacional humanitaria, así como el despacho de los materiales para ser distribuidos a los damnificados.
CHÁVEZ HABLÓ ANTE CANCILLERES DEL ALBA
El presidente de Venezuela Hugo Chávez anunció este lunes que el mecanismo de cooperación energética Petrocaribe condonará la deuda de Haití y aseguró, respondiendo al Club de París, que el país caribeño no tiene cuentas pendientes con Venezuela. “Vamos a condonar (la deuda).
Elaboren los documentos respectivos y se condona la deuda”, declaró Chávez en la clausura de una reunión de cancilleres de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (Alba) en Caracas, que reaccionaron con aplausos ante este anuncio, de acuerdo a un despacho de la agencia francesa de prensa AFP.