Pelea judicial en desfalco Aduanas.
La jueza Agueda García se inhibió y a la magistrada Thelma Reyes la recusaron.
En el palacio judicial de Santiago hubo mucha actividad ayer.
SANTIAGO. La corte judicial de esta ciudad deberá decidir hoy sobre la medida de coerción contra los implicados en un supuesto desfalco de más de RD$100 millones en las oficinas regionales de Aduanas en Santiago, luego de varios incidentes que provocaron la posposición del conocimiento del caso.
En las primeras horas de ayer, el proceso fue obstaculizado por la inhibición de la magistrada Agueda García, bajo el argumento de que tiene lazos afectivos con los padres de uno de los imputados en el fraude.
En horas de la noche, los abogados de la defensa recusaron a la jueza sustituta de García, la magistrada Thelma Reyes, por supuesta irregularidad en el caso, acusándola de haber llevado un expediente elaborado.
El abogado José Miguel Minier dijo que se violó el proceso judicial, alegando que luego de un receso, la magistrada Reyes llegó con el fallo hecho, reflejando una parcialidad institucional y que además no le dieron a conocer a los imputados las acusaciones que pesan en su contra. Aclaró que de no conocerse el caso en 48 horas el proceso entraría en ilegalidad y tendrían que liberar a sus clientes.
La fiscal Yeni Berenice Reynoso expresó que la recusación no es más que una estrategia de los abogados de la defensa para ganar tiempo y evitar la medida de coerción contra sus defendidos. "Esto responde a una práctica dilatoria, toda vez que no argumentan nada para recusar a la jueza".
Los acusados del desfalco son Miguel Ángel Lazala, Gerald Estévez Peña y Adalberto Rosa Rosario, quienes desempeñaban diferentes funciones en las oficinas regionales de Aduanas.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, los imputados se dedicaban a despachar furgones repletos de mercancías sin aplicar la verificación y controles aduaneros, una práctica por la cual supuestamente recibían dinero y al mismo tiempo afectaban las recaudaciones fiscales con la evasión de millones de pesos.
Aduanas solicitó a la Procuraduría Fiscal de Santiago ampliar y profundizar las investigaciones para establecer las responsabilidades penales de los implicados y de otros posibles vinculados con el fraude.
La dependencia estatal sospecha que los implicados en el fraude integraban una banda organizada dedicada a la evasión y al tráfico de mercancías a través de agencias de envíos de cargas que operan en la República Dominicana y Estados Unidos.
Según las investigaciones, el grupo presuntamente recibía un estimado de entre RD$800,000 y RD$900,000 a la semana por dejar pasar los contenedores sin ser verificados.
Camilo lamenta
El director de Aduanas, Rafael Camilo, pidió ayer comprensión a las familias de los cuatro funcionarios de esa entidad detenidos, por supuestamente, cometer un fraude millonario en perjuicio del Estado dominicano.
Explicó que luego de recibir la denuncia de irregularidades, se comunicó con las autoridades judiciales de Santiago, quienes realizaron las pesquisas correspondientes hasta dar con los acusados.
"Esa práctica tenía más de un año realizándose, parece que operaban muy bien, porque los demás empleados de DGA no se daban cuenta de la violación aduanera", expuso el funcionario, luego de reunirse con el presidente Leonel Fernández en el Palacio Nacional.
Camilo señaló que ha sido un proceso doloroso para él, por ser amigo y compañero de partido del diputado electo Adalberto Rosa, padre de uno de los imputados, a quien le pidió comprensión por actuar apegado a la ley.
El director de Aduanas advirtió que el caso será llevado hasta las últimas consecuencias y que le corresponde a la justicia establecer culpabilidad o no del caso.
En las primeras horas de ayer, el proceso fue obstaculizado por la inhibición de la magistrada Agueda García, bajo el argumento de que tiene lazos afectivos con los padres de uno de los imputados en el fraude.
En horas de la noche, los abogados de la defensa recusaron a la jueza sustituta de García, la magistrada Thelma Reyes, por supuesta irregularidad en el caso, acusándola de haber llevado un expediente elaborado.
El abogado José Miguel Minier dijo que se violó el proceso judicial, alegando que luego de un receso, la magistrada Reyes llegó con el fallo hecho, reflejando una parcialidad institucional y que además no le dieron a conocer a los imputados las acusaciones que pesan en su contra. Aclaró que de no conocerse el caso en 48 horas el proceso entraría en ilegalidad y tendrían que liberar a sus clientes.
La fiscal Yeni Berenice Reynoso expresó que la recusación no es más que una estrategia de los abogados de la defensa para ganar tiempo y evitar la medida de coerción contra sus defendidos. "Esto responde a una práctica dilatoria, toda vez que no argumentan nada para recusar a la jueza".
Los acusados del desfalco son Miguel Ángel Lazala, Gerald Estévez Peña y Adalberto Rosa Rosario, quienes desempeñaban diferentes funciones en las oficinas regionales de Aduanas.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, los imputados se dedicaban a despachar furgones repletos de mercancías sin aplicar la verificación y controles aduaneros, una práctica por la cual supuestamente recibían dinero y al mismo tiempo afectaban las recaudaciones fiscales con la evasión de millones de pesos.
Aduanas solicitó a la Procuraduría Fiscal de Santiago ampliar y profundizar las investigaciones para establecer las responsabilidades penales de los implicados y de otros posibles vinculados con el fraude.
La dependencia estatal sospecha que los implicados en el fraude integraban una banda organizada dedicada a la evasión y al tráfico de mercancías a través de agencias de envíos de cargas que operan en la República Dominicana y Estados Unidos.
Según las investigaciones, el grupo presuntamente recibía un estimado de entre RD$800,000 y RD$900,000 a la semana por dejar pasar los contenedores sin ser verificados.
Camilo lamenta
El director de Aduanas, Rafael Camilo, pidió ayer comprensión a las familias de los cuatro funcionarios de esa entidad detenidos, por supuestamente, cometer un fraude millonario en perjuicio del Estado dominicano.
Explicó que luego de recibir la denuncia de irregularidades, se comunicó con las autoridades judiciales de Santiago, quienes realizaron las pesquisas correspondientes hasta dar con los acusados.
"Esa práctica tenía más de un año realizándose, parece que operaban muy bien, porque los demás empleados de DGA no se daban cuenta de la violación aduanera", expuso el funcionario, luego de reunirse con el presidente Leonel Fernández en el Palacio Nacional.
Camilo señaló que ha sido un proceso doloroso para él, por ser amigo y compañero de partido del diputado electo Adalberto Rosa, padre de uno de los imputados, a quien le pidió comprensión por actuar apegado a la ley.
El director de Aduanas advirtió que el caso será llevado hasta las últimas consecuencias y que le corresponde a la justicia establecer culpabilidad o no del caso.
De Cornelio Batista
