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Procurador pide al Tribunal Constitucional anular archivo a favor Amable Aristy

SANTO DOMINGO. El procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, solicitó al Tribunal Constitucional anular la resolución que declara la extinción de la acción penal iniciada en contra del senador Amable Aristy Castro, por presuntos actos de corrupción durante su gestión al frente de la Liga Municipal Dominicana (LMD).
Elevó una solicitud de revisión de la resolución No.226-2013, emitida por el juez de la Instrucción Especial de la Jurisdicción Privilegiada de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Juan Hirohíto Reyes, emitida el 14 de febrero.
Domínguez Brito plantea que la decisión contiene violación al principio de división de poderes, legalidad procesal y usurpación de funciones. Asimismo, alega incorrecta aplicación de la Constitución, con lo cual se violentó las garantías constitucionales, tutela judicial efectiva, debido proceso, seguridad jurídica, los principios indubio pro reo (la duda favorece al reo) y el de doble incriminación.
El funcionario solicita a la alta corte remitir de nuevo el caso a la SCJ, a los fines de que el juez de la Instrucción Especial proceda nuevamente a conocer el caso "con estricto apego al criterio establecido por el Tribunal Constitucional en relación a la inconstitucionalidad de la norma cuestionada".
Considera que el juez desconoció de forma absoluta el principio de objetividad, porque en el caso procedía dictar una decisión donde se integraran los principios fundamentales de seguridad jurídica, presunción de inocencia y debido proceso a legislación ordinaria.
"El magistrado Juez de la Instrucción Especial nunca debió declarar inconstitucional el artículo 281 incisos 1 y 4 del Código Procesal penal, cuando pudiendo hacer una ponderación constitucionalmente adecuada, ha podido someter en última instancia la figura del archivo provisional a su reglamentación para adecuarlo a los principios del plazo razonable en protección de la seguridad jurídica del señor Amable Aristy Castro".
El Pleno de la SCJ había rechazado un recurso de casación, a través del cual la Procuraduría procuraba anular la extinción de la acción penal. El tribunal planteó que la decisión del juez de la Instrucción que examina dicha medida, por disposición expresa y específica del legislador, es susceptible de la apelación, no así de la casación.
F: Diariolibre.com
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